Si es cierto que uno mide su grandeza en función de la de sus enemigos, los españoles no podíamos haber caído más bajo, porque ningún otro país ha llegado al extremo infamante de estar permanente en vilo por las acciones de personajes tan ridículos como Aragonès o el fugado Puigdemont. A Sánchez le debemos no solo haber degradado la política nacional y nuestra imagen exterior hasta extremos nunca antes conocidos, sino también el haber rendido las instituciones españoles a los pies de una clase política tan alucinada y risible como la del separatismo catalán.

El Puchi dice que vuelve a España, un asunto que debería quedar circunscrito al ámbito del cuartelillo de la Guardia Civil más cercano a la frontera, para recetarle el tratamiento que se aplica con carácter general a los delincuentes cuando pisan suelo español. Cuenta el huido con que las elecciones catalanas coincidirán con la entrada en vigor de la amnistía, porque su hombría y su gallardía política no le dan para arriesgarse a que lo trinquen y lo manden a la cárcel de Estremera, residencia española que su enemigo Junqueras tuvo el honor de disfrutar durante unos meses hasta su traslado a una prisión catalana, donde Sánchez lo indultó. Pero hablamos de un tipo que huye a la frontera metido en el maletero de un coche siendo presidente de su comunidad autónoma, un retrato perfecto del esplendor de la república catalana durante los ocho segundos que estuvo en vigor.

Pues bien, el bufón dice ahora que va a volver a Cataluña y lo hace en tono de amenaza, como si los españoles temiéramos la venganza de un personaje que solo podría surgir en el magma histriónico del nacionalismo político. Cómo será el tipo que no lo soportan ni los suyos, pero esa es algo que deben resolver los separatistas catalanes en las próximas elecciones regionales, dónde van a decidir quién se hace con el control temporal del frenopático. Por lo que respecta a los demás, solo exigimos que los poderes públicos actúen en Cataluña con la misma normalidad que en el resto de España. Los delincuentes tienen que ser detenidos como cualquier chori, con mayor razón si el delito se ha perpetrado por motivos políticos, que siempre es un agravante, aunque los protagonistas se escuden en esa condición para exigir su impunidad.

El destino del Puchi es algo que solo debe preocupar a Sánchez, cuyo destino político depende de lo que decidan este tipo y sus colegas del País Vasco, el otro lugar donde el sanchismo se va a jugar su supervivencia en menos de un mes.