El llamado problema catalán es un invento fabricado por los nacionalistas que ha sido aceptado por los partidos nacionales por un extraño (y absolutamente injustificado) complejo de inferioridad. En todo caso, el rechazo de los gobernantes regionales de Cataluña a las normas que vertebran el funcionamiento normal de la nación española es un problema de los separatistas que, en no pocas ocasiones, cursa con ciertos brotes agudos que la ciencia psiquiátrica tiene perfectamente caracterizados en sus protocolos. Porque el hecho de que los separatistas no se encuentren a gusto en España es un problema de ellos; no de los demás.

Con la cuestión catalana llevamos conviviendo muchas décadas, pero podemos seguir así varios siglos más. Ningún problema. En última instancia se trata de hacer cumplir la Constitución en todo el territorio nacional, procesar a las autoridades que actúen fuera de nuestro marco jurídico y suspender la autonomía cada vez que los representantes políticos catalanes acrediten estar operando para destruir el orden constitucional. En otras palabras, el problema catalán es una cuestión de los tribunales de lo contencioso-administrativo y de la policía; nada más.

Si el Gobierno es consciente de su responsabilidad y actúa conforme a la Constitución en Cataluña aunque eso le suponga el rechazo del separatismo, la independencia unilateral de un territorio español como plantean los independentistas catalanes tendría el rechazo absoluto del resto de los españoles (y de más de la mitad de los catalanes, obviamente). Ahora bien, si el Gobierno pretende esquilmar a todos los españoles para solucionar ese problema inventado, entonces habrá que ver si es buen negocio seguir manteniendo dentro de España a una región echada a perder, cuya clase política pretende arruinar al resto de los españoles antes de decirnos adiós de acuerdo con el Estado.

En otras palabras, que se larguen ya. El pufo vasco es un insulto a la inteligencia y el bolsillo de todos los españoles, que tendría que ser revocado para acabar con los privilegios de que gozan esa comunidad autónoma y Navarra. El colmo es que se otorgue otro tratamiento similar a Cataluña para que los nacionalistas no sigan escupiendo al resto de España, algo que, como hemos visto con los vascos, jamás va a ocurrir.

Si el precio para desinflar la cuestión catalana es dar dinero a la Generalidad a costa de la ruina de España, es mucho mejor largarlos, independizándonos nosotros de ellos, porque esto ya no da más de sí. Hay que hacerlo siguiendo a Herrero de Miñón: por "la fuerza normativa de los hechos", expresión schmittiana que le valió nada menos que un premio Sabino Arana (el Nobel del pensamiento político) y que en este caso concreto demostraría su gran utilidad.

O todos juntos con las mismas normas, derechos y obligaciones, o independientes con todas sus consecuencias. Y ya nos plantearemos en qué términos los volvemos a admitir cuando los camiones de los cascos azules repartan ayuda humanitaria por las calles de la Ciudad Condal.