El asesinato de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate expone las enormes carencias del Estado provocadas por un Gobierno al que le interesa más acabar con el Instituto Armado que con el narcotráfico. Todos los indicios señalan al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que cumple órdenes de Pedro Sánchez. Y a la falta de medios y personal con el que el Gobierno azota a la también llamada Benemérita deben añadirse decisiones como la de eliminar los grupos especializados en la lucha contra el narcotráfico, replegarse en el País Vasco, Navarra y Cataluña, depurar al coronel Diego Pérez de los Cobos, ordenar sanciones contra portavoces de las organizaciones laborales del cuerpo críticos con la amnistía, empeorar las condiciones profesionales de los agentes y menoscabar su dignidad cuanto sea posible.

La gestión del Gobierno respecto a la Guardia Civil consiste en sembrar el caos y fomentar su descrédito, maltratar a sus componentes y a sus familias de paso también, recortar medios, competencias y presencia, eliminarla paulatinamente, borrarla del paisaje. De ninguna otra forma se entiende que los narcotraficantes dispongan de más medios para meter droga en España que el Estado para impedirlo. Los narcos no deben recurrir a astucias para llevar a cabo sus propósitos. Es al revés. Son los guardias civiles quienes se deben valer de toda clase de argucias para equilibrar las fuerzas. La reacción del Gobierno ante esa evidencia es redoblar los recortes, desarmar a la Guardia Civil y hablar de Franco.

Y eso que ocurre en Andalucía, donde no hay ni policía autonómica ni un socio nacionalista a quien satisfacer es todavía más acusado en el País Vasco, Navarra y Cataluña, regiones donde la Guardia Civil está en las últimas. Pero el caso es que la droga no sólo entra por el Estrecho. Las costas españolas son un coladero donde operan con notable facilidad toda clase de traficantes, de drogas y de seres humanos. El litoral catalán es otra de las vías de entrada. ¿Y qué es lo que ha hecho el Gobierno? Facilitar la creación de los Mossos del Mar para que invadan competencias estatales mientras priva de medios a la Guardia Civil.

En Cataluña está muy claro que el Gobierno actúa exigido por sus socios separatistas. ¿Pero quién le obliga en Andalucía o en las Canarias a dar tanta ventaja a los criminales? ¿O solo es una mezcla de maldad, estupidez e incompetencia?