La ley de amnistía del PSOE y los partidos independentistas es un artefacto que remite directamente a la escuela jurídica de los sabios que redactaron la ley del solo sí es sí, pero con una diferencia. Se supone que la intención del legislador en el caso de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, no era rebajar las condenas de pederastas y violadores o directamente ponerlos en la calle, sino que se pudrieran en la cárcel. En este caso, la intención sí que es la de exonerar de todos sus delitos a los independentistas. De todos, sí, no sólo de aquellos relacionados con la consulta del 9-N de 2014 y el referéndum del 1-O de 2017.

El redactado de esta ley de amnistía tan defectuoso, lamentable y ambiguo refleja perfectamente la inconsistencia de Félix Bolaños, la incapacidad de Santos Cerdán y las manos de dos juristas de la talla de Jaume Asens, supuesto autor de la reforma del Código Penal que eliminó la sedición y abarató la malversación (él presume de ello), y de Gonzalo Boye, el letrado de Puigdemont, Borràs, Torra y demás líderes independentistas.

Tanto la exposición de motivos como el articulado de la cosa son una aberración sin precedentes contra la democracia, contra la Constitución, contra la separación de poderes y contra la práctica jurídica en general que sólo podría tener acomodo en un régimen totalitario. De hecho, más que una ley de una democracia occidental es un truño bolivariano, un despropósito sin paliativos, el tipo de ley que suscribirían un abogado sin título, un juez sin carrera y unos políticos sin escrúpulos, un auténtico homenaje a la ignominia, la ley inaugural del paraíso socialista, como las leyes de desconexión que aprobó el parlamento catalán para dar el golpe de Estado.

Cabe destacar, eso sí, que los redactores se han tomado la molestia de emborronar 23 folios cuando dadas las circunstancias actuales y las que se avecinan podrían haber escrito tan solo un punto bajo el epígrafe Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña: "Se hará lo que diga Puigdemont y punto".