Desde hace varios años se vienen incrementando los casos de avasallamientos a la propiedad privada en el país, y muy especialmente a predios destinados a la producción agropecuaria en el departamento de Santa Cruz. Esta crónica falencia en la protección de los derechos de propiedad es una de las principales barreras al progreso de Bolivia, pues se vuelve en un factor que desincentiva la inversión y eleva sustancialmente los costos de trabajar en el país.
Este problema es particularmente complejo en el área vinculada con la propiedad rural, comenzando por el marco jurídico vigente en Bolivia el cual contiene diferencias sustanciales entre el reconocimiento a la propiedad privada urbana y a la propiedad privada rural. Mientras el inmueble urbano no está sujeto a reversión, gozando de una protección claramente definida en la Constitución, la propiedad agraria está condicionada al cumplimiento de la función económica y social, un concepto vago que lastra el derecho propietario, convirtiéndolo en un algo incierto, sujeto a la interpretación arbitraria de funcionarios administrativos, que tienen la autoridad para revertir un derecho fundamental, lo cual constituye una contradicción en sí misma con las bases del Estado de derecho.
Peor aún, en normas posteriores a la aprobación de la Constitución vigente, se ha condicionado la propiedad agraria a la revisión periódica de la función económica y social, la cual según estas normas debiera realizarse cada dos años, con la cual la propiedad se desnaturaliza como derecho y pasa a ser una especie de “préstamo” estatal al productor privado, inviabilizando de esta forma la inversión a largo plazo y creando grandes dificultades al financiamiento productivo, pues la tierra pierde valor como respaldo hipotecario de los proyectos.
Si a todas estas dificultades estructurales del marco institucional y de la normativa boliviana se le suma la falta de protección que otorgan las fuerzas policiales y las instancias judiciales a los propietarios que sufren avasallamientos en un entorno de impunidad para quienes promueven las invasiones de predios productivos y camuflan el tráfico de tierras en su pertenencia a los “movimientos sociales”, la inseguridad ya no sólo es jurídica, sino también física.
Estas no son las únicas limitaciones a los derechos de propiedad. La imposición de bandas de precios a los alimentos o el establecimiento de cupos a la exportación atentan también contra la iniciativa y la propiedad privada al sujetar un bien privado, como es el fruto del trabajo y la producción, a la decisión de instancias burocráticas del nivel central del Estado.
Lo peor de todo, es que estas medidas no contribuyen ni a la lucha contra la pobreza ni al abastecimiento interno a “precios justos”. Por el contrario, la experiencia internacional nos muestra que países vecinos que se destacan en los mercados de exportación como grandes productores de alimentos. Al brindar seguridad jurídica a la propiedad agraria y libertad de comercialización a su producción aseguran el abastecimiento de alimentos a precios convenientes para los consumidores, y generan empleos y divisas, elevando de forma sostenible la calidad y el nivel de vida de todos.
Cuando nos comparamos con países incluso más pequeños que Bolivia, como Paraguay y Uruguay, que han experimentado un gran crecimiento en el sector de agronegocios y cuyas exportaciones de origen agroalimentario superan ampliamente a las nuestras, vemos las consecuencias de la falta de instituciones que garanticen adecuadamente los derechos de propiedad.
La historia universal está llena de ejemplos que demuestran cómo la historia del progreso de las naciones está directamente relacionada con el nivel de protección a los derechos de propiedad. La crisis económica que se está gestando en Bolivia, podría ser una oportunidad para que se puedan superar décadas de estatismo y demagogia en esta materia y se superen la mentalidad y las leyes contrarias a la propiedad privada, permitiendo que el país pueda encaminarse hacia el desarrollo y la inserción competitiva internacional.
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