Producto de su visita in loco del año pasado, es decir, en cancha (futbolísticamente hablando), la CIDH ha publicado su informe “Cohesión Social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia”.
Voy a concentrar mi análisis en lo estrictamente vinculado con el sistema de justicia: Su principal conclusión, aunque suene de perogrullo, es la urgente reforma estructural (no parchecitos, que conste en obrados). Entre los graves problemas que identifica, y qué bueno que lo haya puesto con todas sus letras, es que la población boliviana desconfía profundamente del sistema de justicia y principalmente del penal (que es el más feo de la película por su naturaleza devastadora de derechos).
Además, puntualiza que un sector considerable de la población percibe al sistema como herramienta -perversa, yaparía yo- al servicio de todos los gobiernos de turno. No es entonces un problema exclusivamente de la Judicatura, sino también de la clase política cualquiera sea ésta, que estando en la oposición critica lo que hace cuando le toca estar en el oficialismo. Así las cosas entonces y en buen romance, ello implica que el sistema de justicia ha perdido su principal rol político, que radica en que, procediendo como tercero imparcial, debe poner límites al ejercicio del poder y, más bien, prostituyó ese su destacable rol, encamándose con el mismo. Algo que, quienes litigamos y especialmente concebimos nuestro rol en términos de contrariar al poder -sea al estrictamente estatal u otros bajo diversas facetas- lo percibimos y padecemos a diario.
En ese aspecto, en términos muy diplomáticos, el informe identifica como desafío histórico la independencia del sistema de justicia, haciendo énfasis en los mecanismos de selección de altos cargos con participación ciudadana y transparencia, además de auditorías externas. Resalta, entre otros, que ello obedece a la debilidad institucional presente en todos los gobiernos y la actuación de otros órganos -Ejecutivo y Legislativo- ejemplificando las declaraciones e injerencias de altas autoridades del Estado.
Aunque trata con guante el “invento” de la actual CPE sobre la elección popular de altos cargos, es lo suficientemente explícito en que el principal problema radica en la politización -diría yo, partidización- en la fase de preselección a cargo de la Asamblea Legislativa (un misil directo a la línea de flotación de lo que actualmente está ocurriendo allí…). Ojalá se reivindiquen y tapen el ojo a la CIDH desde la ALP.
La conclusión, como lo pone claramente, radica en la falta de legitimidad de esos procesos y su resultado caracterizado por el triunfo de los votos blancos y nulos.
Imagínense qué podría decir -el informe alcanza sólo hasta el año pasado- si además a esa ilegitimidad de origen y desempeño de los “electos” hubiera que sumar su autoprórroga (y ahora, en algunos casos, su repostulación).
El informe encuentra también falta de efectividad del sistema para la solución de la conflictividad, lo que en términos menos diplomáticos significa que el sistema está fracasando en solucionar los conflictos que podría incidir; de hecho, es frecuente advertir que genera más problemas de los que soluciona. Sumado a la retardación, dificultades de acceso y, en varios casos, corrupción y falta de transparencia, tenemos el cóctel completo.
Sin duda, el informe en el rubro de la justicia bien podría parecer en más de lo mismo, pero dada la usualmente muy diplomática postura que malacostumbró al soberano este tipo de informes, el que nos ocupa más allá de reiterar muchos aspectos de sobra conocidos, podría servir para esta vez ojalá, percutir una genuina y estructural reforma del sistema, lo que requiere indispensablemente de genuina y no falsa e hipócrita voluntad política. ¿Será que a la clase política realmente le interesa construir un tercero imparcial que les impida andar metiéndole no más? Aunque, a juzgar por la reacción del principal responsable del área en el ejecutivo -el inefable Ministerio de Justicia- parecería que también estamos ante más de lo mismo, pues todos sabemos que es parte del problema y no de la solución. Con todo, habrá que seguir aquella sentencia de Seneca: “Aunque el miedo tenga más argumentos, elige siempre la esperanza”.
CIDH y su informe, ¿más de lo mismo?
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18.03.2024
Producto de su visita in loco del año pasado, es decir, en cancha (futbolísticamente hablando), la CIDH ha publicado su informe “Cohesión Social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia”.
Voy a concentrar mi análisis en lo estrictamente vinculado con el sistema de justicia: Su principal conclusión, aunque suene de perogrullo, es la urgente reforma estructural (no parchecitos, que conste en obrados). Entre los graves problemas que identifica, y qué bueno que lo haya puesto con todas sus letras, es que la población boliviana desconfía profundamente del sistema de justicia y principalmente del penal (que es el más feo de la película por su naturaleza devastadora de derechos).
Además, puntualiza que un sector considerable de la población percibe al sistema como herramienta -perversa, yaparía yo- al servicio de todos los gobiernos de turno. No es entonces un problema exclusivamente de la Judicatura, sino también de la clase política cualquiera sea ésta, que estando en la oposición critica lo que hace cuando le toca estar en el........
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