Sobre la reformulación del presupuesto para el año 2023 se armó un verdadero zafarrancho que propagó sobre la opinión pública boliviana nubes de confusión, propaganda engañosa y una densa red de mentiras técnicas y políticas. En el fondo, este es uno más de los capítulos de la pelea tóxica entre los exhermanos y compañeros del proceso cambio.
En agosto de este año, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) envió la reformulación del Presupuesto General del Estado (PGE) de 2023, con dos objetivos: incrementar los recursos para gastos e inversiones por un valor de 6.455 mil millones de bolivianos y establecer disposiciones financieras específicas para su aplicación.
Este proyecto de ley ha pasado por las instancias legales pertinentes. El Senado aprobó la reformulación del PGE 2023 en lo que se refiere a los gastos adicionales, pero eliminó siete disposiciones adicionales bajo el argumento de que no hacen a la esencia de la reforma presupuestaria y la política fiscal en curso. La nueva propuesta enviada desde el Senado, se discutió en la Asamblea, que incluye diputados y senadores, donde se podía haber rechazado o aprobado las enmiendas hechas. Se optó por el primer camino.
Como antecedentes de este análisis, también cabe recordar cómo está la distribución de los nuevos recursos requeridos por el poder ejecutivo. El 70% de este dinero iría al gobierno central, y el 30% a gobernaciones, municipios, universidades y otras instituciones.
En el pasado, cuando el MAS tenía el control total en Senadores y Diputados, las aprobaciones y reformulaciones de los presupuestos eran automáticas con los 2/3 de votos oficialistas y se usaba la técnica del “aprovechamiento” sin que nadie diga pío.
Seguramente muchos de ustedes han asistido a la siguiente situación: un minibús va por una avenida con mucho tráfico y en el medio de la cuadra, con autos a la izquierda y la derecha, un pasajero sin el menor empacho dice: “maestrito puedo aprovechar” y éste, con complicidad impune, le responde: “aproveche nomás, joven”. Algo similar ocurría con la ley del presupuesto y sus reformulaciones en el pasado. El Gobierno siempre aprovechaba para corregir y enmendar a veces asuntos secundarios, pero también temas que nada tenían que ver con la gestión fiscal.
Esta práctica fue común por 17 años. Sin embargo, en esta oportunidad una parte de los seguidores de la práctica del aprovechamiento, en un ataque de sensatez y también de oportunismo político, se oponen a continuarla. Además, saben que entre gitanos azules no se pueden leer la suerte, se conocen todas las mañas.
El Gobierno hace cuestión de Estado de las siete disposiciones adicionales y denuncia el sabotaje económico de una nueva megacoalición de archienemigos del pasado. Ahora Evo duerme con Camacho. La narrativa que instala es que si no se aprueba el presupuesto en su totalidad, gobernaciones, municipios y universidades serán estrangulados financieramente. Es un todo o nada.
Pero veamos si el mundo va a parar y no se podrá ejecutar el dinero sin las disposiciones adicionales que modifican artículos de cinco leyes.
La primera modificación es al párrafo 1 del artículo 13 de la ley No169 de 9 de septiembre de 2011. Este cambio lo que hace es dar más libertad a las instancias ejecutivas para gastar o invertir el dinero. Ocurre que los consejos municipales o asambleas departamentales ponen trabas y se demora en ejecutar las inversiones. La economía regional viene funcionando casi 17 años sin esta flexibilidad. Parece razonable que se dé más autonomía. Entre tanto, está lejos de ser un tema de vida o muerte, en especial cuando falta un mes y 10 días para terminar el año.
Una segunda modificación es que se introducen párrafos al artículo 19 de la ley No. 317 del 11 de diciembre de 2012. Con este cambio se autoriza al Ministerio de Economía retirar dinero de los gestores de salud y las empresas públicas. Claramente esta medida muestra la hambruna que vive el Estado que necesita plata desesperadamente. Es una prueba más que el Gobierno está raspando la olla y es peligroso permitirle asaltar los recursos de entidades descentralizadas. Restringirle la autorización para hacerlo no compromete en lo más mínimo los gastos y las inversiones que realicen gobernaciones, municipios y universidades.
La tercera disposición adicional modifica el párrafo 1 del artículo 5 de la ley No 1493 de 17 de diciembre de 2022, para crear el Fondo de Fomento al Desarrollo de Ciencia y Tecnología que incentiva proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovaciones de universidades e institutos técnicos. Esta sin duda alguna es una medida trascendental para el sistema universitario y por supuesto no podría entrar de contrabando en una ley que busca reformar el presupuesto. Es un tema que necesitaría de una ley propia dada su importancia y alcance, y requeriría un gran debate nacional
En la estrategia de parchecitos está una disposición única a la ley No 1431 de 5 de mayo de 2022 que asigna recursos adicionales del TGE en favor de la Procuraduría General del Estado, para que el Estado tenga plata y busca acuerdos de solución amistosa en tema de derechos humanos. Es otro tema sumamente delicado y complejo y requeriría toda una normativa propia y, por supuesto, una evaluación del trabajo de la Procuraduría que, hasta donde se sabe, es una máquina de perder juicios y comer recursos públicos. Les aseguro que en el mes y medio que queda de gestión, tampoco el mundo va a parar porque no se apruebe esta disposición.
Finalmente, creo que están las modificaciones más polémicas a la Ley de Servicios Financieros, No. 393 de 21 de agosto de 2013, una normativa compleja y que tiene que ver con la política monetaria y financiera y no está directamente vinculada al tema fiscal. Por una parte, se busca dar más poder a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para que controle grupos financieros y se pretende proteger aquellos que denuncien operaciones sospechosas, que independientemente si se trata de una actividad legal o ilegal, los denunciantes estarán exentos de responsabilidades administrativas, civiles y penales. Ambos temas son sumamente complejos, requieren de un gran debate y análisis profundos y no pueden entrar por debajo, como temas marginales, en la ley de reformulación del presupuesto. Y una vez más el hecho que se aprueban ahora, no interfiere en lo más mínimo a las necesidades de gasto e inversiones.
En suma, si hubiera seriedad de parte del Órgano Ejecutivo y el objetivo sería atender las emergencias de la crisis del agua y los incendios brindando más recursos para el Estado, la ley debía concentrarse en la reformación del presupuesto y proponer todas las otras enmiendas en normativas separadas.
Sospecho que detrás del berrinche del Gobierno, hay una tentativa de crear una coartada para justificar el pobre desempeño económico que se avecina, en especial, que el crecimiento de la economía este año estará en torno del 2%, pero en el discurso la culpa la tendrán el contexto internacional y el sabotaje de la Asamblea. Así pasaremos del blindaje a la conspiración de los enemigos del proceso de cambio. Cabal casero.
El autor es economista
PGE 2023: del blindaje de la economía a la conspiración
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20.11.2023
Sobre la reformulación del presupuesto para el año 2023 se armó un verdadero zafarrancho que propagó sobre la opinión pública boliviana nubes de confusión, propaganda engañosa y una densa red de mentiras técnicas y políticas. En el fondo, este es uno más de los capítulos de la pelea tóxica entre los exhermanos y compañeros del proceso cambio.
En agosto de este año, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) envió la reformulación del Presupuesto General del Estado (PGE) de 2023, con dos objetivos: incrementar los recursos para gastos e inversiones por un valor de 6.455 mil millones de bolivianos y establecer disposiciones financieras específicas para su aplicación.
Este proyecto de ley ha pasado por las instancias legales pertinentes. El Senado aprobó la reformulación del PGE 2023 en lo que se refiere a los gastos adicionales, pero eliminó siete disposiciones adicionales bajo el argumento de que no hacen a la esencia de la reforma presupuestaria y la política fiscal en curso. La nueva propuesta enviada desde el Senado, se discutió en la Asamblea, que incluye diputados y senadores, donde se podía haber rechazado o aprobado las enmiendas hechas. Se optó por el primer camino.
Como antecedentes de este análisis, también cabe recordar cómo está la distribución de los nuevos recursos requeridos por el poder ejecutivo. El 70% de este dinero iría al gobierno central, y el 30% a gobernaciones, municipios, universidades y otras instituciones.
En el pasado, cuando el MAS tenía el control total en Senadores y Diputados, las aprobaciones y reformulaciones de los presupuestos eran automáticas con los 2/3 de votos oficialistas y se usaba la técnica del “aprovechamiento” sin que nadie diga pío.
Seguramente muchos de ustedes han asistido a la siguiente situación:........
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