A propósito del fallo del TCP que salió a la luz pública.

Hace 20 años, en 2004, la familia Marinkovic inició un trámite de titulación de una propiedad de 21 mil hectáreas. Este predio, llamado “Tierras bajas del norte”, no existía como propiedad privada hasta que en 1992 apareció un sospechoso dueño y un expediente agrario (Nº 58755) firmado por Miguel Toledo Hurtado, quien como quedó demostrado después, no era juez agrario y, por lo tanto, el expediente era nulo.

En 2015, el INRA decidió zanjar el asunto, ceder un poco ante las presiones y reconocer 5 mil hectáreas, pero los Marinkovic rechazaron la generosa oferta y fueron a quejarse ante el Tribunal Agroambiental. Querían todo, ni un metro menos. Al poco tiempo, los magistrados también se mostraron serviciales y ordenaron al INRA que revise su decisión, pero los técnicos apegados a la ley (que sí existen) llegaron a la misma conclusión: no había manera de entregar 21 mil hectáreas sin ir a la cárcel.

Para 2020, el viento sopló a favor de los terratenientes. Con Jeanine Áñez en el poder, Branko Marinkovic se convirtió en ministro y alguien desde adentro ordenó firmar la resolución para entregar de una vez las 21 mil hectáreas a la familia, pero la Fundación Tierra echó a perder la celebración y la presión pública evitó la entrega del título ejecutorial.

Después de una pausa, la familia volvió a las andanzas. En 2023, interpuso una acción de amparo constitucional ante el TCP. Los Marinkovic buscaban un nuevo fallo, pero la decisión del tribunal sobrepasó cualquier expectativa. Los magistrados Gonzalo Hurtado y René Espada no sólo refrendaron la fraudulenta resolución de 2020, sino que regalaron de yapa un candado legal: entregar sin chistar las 21 mil hectáreas, ni un metro más, ni un metro menos.

Y uno se pregunta, ¿acaso este final, esta actuación de dos magistrados, desmiente a los técnicos que decían que no se puede entregar las 21 mil hectáreas sin ir a la cárcel?