El recuerdo del litoral usurpado por Chile es todavía una herida dolorosa que muy difícilmente cicatrizará —si es que lo hace— en las mentalidades colectivas bolivianas. No obstante, o más bien por ello mismo, se hace necesario el cuestionamiento de nuestras acciones realizadas en estos últimos años en materia de política exterior y diplomacia. En particular, tras la resaca que produjo su fallo final, se hace necesaria la crítica del juicio que Bolivia llevó a tribunales de La Haya, cuyo resultado, triste para el país del Illimani, se supo en octubre de 2018.
Recuerdo que a fines de 2015, cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) falló que era competente para dirimir en la controversia planteada por Bolivia, muchos —incluidos, curiosamente, algunos exministros de Relaciones Exteriores y varios internacionalistas y diplomáticos bolivianos— batieron palmas y aseveraron a la opinión pública nacional y a la comunidad internacional, palabras más o menos, que Bolivia ya tenía “media demanda ganada” porque lo que había hecho la CIJ era admitir que había “algo pendiente entre Chile y Bolivia” y, por consecuencia, ya que se pasaría a tratar el asunto de fondo, que tener el mar nuevamente era solo cuestión de tiempo… Fue una actitud, ahora lo sabemos bien, irresponsable e ingenua.
Sin embargo, también recuerdo que, entre la euforia y el cándido optimismo que despertó aquel fallo preliminar de competencia, hubo valientes voces disidentes y críticas (impopulares, por tanto) que trataron de poner los puntos sobre las íes, explicando a la población (y a los mismos peritos en materia internacional y diplomática) que lo que había hecho la CIJ era sólo decir: “Soy competente para fallar en esta controversia”, pero que de ninguna manera había expresado, ni tácita ni explícitamente, que había “algo pendiente” entre Bolivia y Chile, ni nada por el estilo (pues ello hubiera sido prevaricato y, sobre todo, prejuzgamiento). Que esta última cuestión se vería recién en la fase de fondo del pleito jurídico.
También recuerdo que con mis padres hablábamos de estas cuestiones y deplorábamos el exitismo que en diplomáticos, peritos internacionalistas y opinión pública bolivianos había despertado el (generalmente mal entendido) dictamen de 2015. Pero sobre todo recuerdo que mis esperanzas se desvanecieron casi totalmente unos días después, cuando, luego de la entrevista que se le hizo a Carlos Mesa en el programa El informante, escuché a José Miguel Insulza y Hernán Felipe Errázuriz comentar sobre lo que podría hacer Chile ante un eventual fallo adverso para este último país. Y es que algo que muy pocos diplomáticos, analistas y periodistas bolivianos debieron escuchar, son las duras declaraciones de Errázuriz de ese día, vertidas luego de la aplaudida entrevista que se le hizo al expresidente boliviano.
Con un tono de soberbia e impotencia por un eventual escenario adverso para su país, Errázuriz, haciendo honor al lema del escudo de su país (“Por la razón o la fuerza”), aseveró que incluso con un fallo adverso para Chile —es decir, uno que obligara a este país a negociar una salida soberana al mar para Bolivia—, la CIJ era finalmente un tribunal sin capacidad coercitiva y, por tanto, que Chile podía no cumplir lo que ésta sentenciara (la entrevista completa está en YouTube). Es decir que, pese a su aparente tradición democrática y de apego al derecho internacional, había una alta probabilidad de que el país trasandino no cumpliera un eventual fallo favorable a Bolivia, lo cual no fue tenido en cuenta en nuestro país debido a la sensación que provocó aquí la entrevista que se le hizo a Mesa. Pero bien, es mejor no especular lo que podría o no haber sido, para enfocarnos en lo que fue, es y puede ser mañana.
Luego del amargo trago del 1 de octubre del 18, se hizo un profundo silencio que continúa hasta hoy, pues casi nadie —y creo que acertadamente— ha puesto nuevamente el asunto marítimo sobre la mesa. Estamos en una especie de parálisis y todavía con algo de la resaca por el golpe recibido, pero creo que ya es necesario pensar en un acercamiento con el país vecino, pues los lazos de complementariedad geopolítica entre ambos países podrían beneficiar a Bolivia en materia tanto comercial como migratoria, pero luego podrían darse acciones de cooperación. La sensación de derrota es combatida con desfiles chauvinistas y aparatosos, al estilo altoperuano, pero esas expresiones no resolverán nada. Hay que pensar una política exterior seria y a largo plazo (todavía, creo, sin mencionar el tema marítimo) que restablezca gradualmente la confianza con Santiago y nos plantee nuevas perspectivas y oportunidades con aquel país.
Después de La Haya: el silencio que continúa…
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01.04.2024
El recuerdo del litoral usurpado por Chile es todavía una herida dolorosa que muy difícilmente cicatrizará —si es que lo hace— en las mentalidades colectivas bolivianas. No obstante, o más bien por ello mismo, se hace necesario el cuestionamiento de nuestras acciones realizadas en estos últimos años en materia de política exterior y diplomacia. En particular, tras la resaca que produjo su fallo final, se hace necesaria la crítica del juicio que Bolivia llevó a tribunales de La Haya, cuyo resultado, triste para el país del Illimani, se supo en octubre de 2018.
Recuerdo que a fines de 2015, cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) falló que era competente para dirimir en la controversia planteada por Bolivia, muchos —incluidos, curiosamente, algunos exministros de Relaciones Exteriores y varios internacionalistas y diplomáticos bolivianos— batieron palmas y aseveraron a la opinión pública nacional y a la comunidad internacional, palabras más o menos, que Bolivia ya tenía “media demanda ganada” porque lo que había hecho la CIJ era admitir que había “algo pendiente entre Chile y Bolivia” y, por consecuencia, ya que se pasaría a tratar el........
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