Casi al finalizar este 2023, sin dudas, es importante hacer un balance y análisis objetivo de como estuvo nuestra economía este año, la cual estuvo plagada por una influencia poco positiva por el factor social (marchas, bloqueos, paros) y sobre todo político, traducido en problemas de gobernabilidad y gobernanza.
Entrando en materia, de la manera más resumida posible, el Gobierno tenía proyectado que el producto interno bruto (PIB) de Bolivia iba a crecer en 4,86%, luego ajustó esa previsión al 3%; sin embargo, es muy probable que nuestro país crezca alrededor del 1,5%, tal como lo indicaron el Banco Mundial (BM) y el FMI. Además, nuestra economía está en un claro proceso de desaceleración: en 2021 creció 6,11% y en 2022 en 3,48%. En el PGE 2024 se estipuló un crecimiento del 3,71%, un pronóstico en muy optimista y en contracorriente a las proyecciones internacionales.
Lo positivo por ahora, y que es sobredimensionado por el Gobierno, son sus indicadores estrella: inflación y desocupación. En el primer caso, la variación de Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre respecto de octubre fue de -0,003%. La inflación acumulada anual llega a 1,48%. En el caso del desempleo, la tasa de desocupación urbana a septiembre fue de 3,29%.
Si bien, estos datos sitúan positivamente al país en comparación con los demás de la región, sus metodologías de cálculo son cuestionables, y esos resultados difieren de lo que se ve en las calles del país.
Este año que termina no fue para nuestro comercio exterior. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en octubre hubo un saldo comercial negativo de $us. 46,2 millones y, desde enero hasta ese mes, el país acumuló un déficit comercial de $us. 375,5 millones. Solo en tres meses tuvimos superávit comercial.
En el sector hidrocarburífero, se presentó, durante el mismo periodo, un balance comercial acumulado desfavorable de $us. 700,6 millones, exportamos menos gas natural e importamos más carburantes, lo que genera mayor presión en la balanza cambiaria.
Respecto del déficit fiscal, en 2022 éste representó el 7,2% del PIB, debido a la baja ejecución presupuestaria de inversión pública a nivel nacional. Este año se espera cerrar la gestión con un 7,49%, cifra que es factible de lograr porque se estima que la ejecución presupuestaria llegue al 75% y la de inversión pública al 50%: menos gasto menos déficit.
En este mismo sentido, en 2023 se tuvo un 20% menos de recursos para inversión pública respecto de 2022. Para 2024 se asignó $us. 4.274 millones, un 7% más que en 2023; con la tendencia a la caída de ingresos fiscales y un déficit fiscal sostenido de 10 años. La ejecución seguramente será limitada.
Otro tema delicado este año, fue nuestra deuda pública, a octubre, la deuda externa pública a mediano y largo plazo, llegó a $us. 13.422,9 millones, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB).
De acuerdo a información del Minsiterio de Economía y Finanzas Públicas MEFP, la deuda externa del Estado es de $us. 12.325,3 millones y la deuda interna llegó a $us. 19.973,07 millones. La deuda interna del BCB con el sector privado es de $us. 915,65 millones. El total de la nuestra deuda pública representa al menos un 80% de nuestro PIB nominal. Esa cifra podría ser mayor si tomaríamos en cuenta la deuda de que tiene el Gobierno y las empresas públicas con el BCB, cuyo monto a septiembre ascendía a $us. 14,67 mil millones.
Es también preocupante la caída sostenida de nuestras reservas internacionales netas (RIN), desde 2014 hasta la fecha, se redujeron en más del 80%, de igual manera lo hicieron sus componentes, como el caso de las divisas que descendieron cerca del 95% durante el mismo periodo. Según el último informe del BCB, a agosto, las RIN alcanzan a $us. 2.147,3 millones, en los ocho primeros meses del año bajaron en un 41%, con un ritmo de disminución de $us. 6 millones cada día; con esta tasa de decrecimiento a la fecha quedaría un poco más de mil millones de dólares.
Todo lo anterior explica las crisis más importantes que tuvimos en 2023: la escasez de dólares y la de carburantes. Ambas fueron consecuencia de una política monetaria inadecuada del BCB (tipo de cambio preferencial y venta directa al público) que ocasionó una sobredemanda y el incremento del precio del dólar en el mercado negro.
En conclusión, el 2023 no fue un buen año para nuestra economía, la calificación es “mala”, como la dada durante todo el año por las principales calificadoras de riesgo e inversión internacionales, que ven a nuestro país muy poco atractivo para invertir, otorgar más créditos o adquirir sus títulos de deuda pública. Ello configura un contexto de riesgo grande por la caída de las RIN y un déficit fiscal sostenido, con riesgos fundados de default y crisis de balanza de pagos.
Sin duda, este próximo 2024, será un año de grandes desafíos y retos para Bolivia. El Gobierno debe solucionar problemas críticos y que estarán vigentes la próxima gestión, como la escasez de dólares, el desabastecimiento de carburantes, la caída continua de las RIN, un déficit fiscal sostenido, una deuda pública creciente, ingresos fiscales reducidos e irregulares, y otros factores que deben ser solucionados a corto plazo y de manera estructural, en lo posible.
Las soluciones, son las que indica la sensatez económica: reducir el elevado gasto público (origen de todos los males), eliminar o discriminar la subvención de carburantes, destrabar el tipo de cambio fijo, liberar las exportaciones, brindar seguridad económica y jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras, dar las condiciones (fiscales, laborales y otras) para que el sector privado se mantenga y se desarrolle, implementar nuevas leyes impositivas, laborales, de inversiones y de hidrocarburos que cambien radicalmente nuestro modelo económico y de gestión pública.
El Estado tendría que encargarse exclusivamente de velar por los intereses nacionales y dar cabida al sector privado para que genere ingresos y empleos de calidad para la población. La gran pregunta es: ¿nuestras autoridades irán por el camino de la ideología o por la vía del pragmatismo? ¿Qué pesa más el poder o el beneficio de la sociedad?
El autor es presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija
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