El debate nacional sobre la propuesta gubernamental para jubilar obligatoriamente a todas las personas mayores de 65 años se ha intensificado con la presencia mediática y solitaria de algunas voces muy vinculadas a las universidades públicas y a las cajas públicas de salud. En cambio, la mayoría de los trabajadores del aparato burocrático público y del sector privado están al margen de la protesta.
Apostar por la permanencia de personas que han superado la edad de jubilación, marcada en la Ley de Pensiones entre los 58 y 65 años, puede plantear varios problemas sociales en el mercado laboral. En los hechos, siguiendo la imagen de las universidades y hospitales públicos, la permanencia prolongada de personas mayores en sus puestos de trabajo definitivamente puede obstaculizar el avance de los empleados más jóvenes y desmotivarlos para mejorar y crecer profesionalmente. Lo que ocurre es que ante la precariedad salarial que impera en el sector privado, optar por un puesto de trabajo en el ámbito público, o conservarlo, es la máxima ambición humana en Bolivia, supera cualquier don divino y que solo los privilegiados pueden disfrutar.
El problema se profundiza en detrimento de la calidad del servicio público cuando lo único que importa es la edad y la libreta militar para ingresar a la carrera administrativa. La idoneidad y las condiciones intelectuales, físicas y mentales para poder desempeñar cualquier cargo quedan relegadas a niveles por debajo de lo insignificante. Por ello, la mediocridad es transversal en el nivel central y complica también a todas las entidades de los gobiernos subnacionales. Basta imaginar cuantos de los protestantes incuban la idea de “empernarse” en el puesto ejerciendo su derecho constitucional al trabajo más allá de los 65 años y hasta morir.
Por mucho que se eleve a niveles sacrosantos la voluntariedad de la jubilación individual, existen intereses sociales y colectivos más urgentes, y por tanto superiores, como el buen uso de recursos públicos y la austeridad fiscal en beneficio de la sociedad en conjunto. Las griterías organizadas que pretenden la inamovilidad laboral más allá de la edad de jubilación sólo sirven para privilegiar a algunos trabajadores que buscan exclusivamente conservar un sueldo mucho mejor que la renta de jubilación, y con mucho superior al sueldo promedio de cualquier mortal en este pobre país. En este tema, un sinceramiento no cuesta nada.
La gran debilidad de las protestas contra la jubilación obligatoria se nota en muy pocos y señalados espacios de la administración pública. En el sector privado, el tema goza de la indiferencia más elegante. Todos saben que el empresario contrata personas jóvenes o de mediana edad, y los “mayorcitos” no tienen otra salida que buscar trabajo en el ámbito público, y si lo tienen, buscan conservarlo como sea. No debemos olvidar que son más de medio millón de servidores públicos con cara de potenciales jubilados y este cuadro provoca terror y pánico en los estrategas financieros del Estado, que ya no saben de dónde inventar dinero para pagar sueldos elevados en una administración pública transversalmente ineficiente y pobre.
En un anterior artículo, propuse el despido masivo de funcionarios públicos y la reducción salarial a la mitad con el fin de sanear las finanzas públicas. Ahora para impulsar la austeridad fiscal, propongo la urgencia de materializar la jubilación obligatoria a los 65 años solo para personas que perciben salarios financiados con fondos y recursos públicos, y quienes trabajan y aportan desde el sector privado que se jubilen cuando quieran. Así de simple y que se decrete inmediatamente.
Si no le tembló la mano para firmar la ley que mandaba a los infiernos la carrera administrativa de los funcionarios públicos, el presidente Arce debería ahora asumir el reto y firmar la ley de jubilación obligatoria de los servidores públicos en cualquier nivel del aparato público. Así se alivia la carga fiscal sobre los contribuyentes bolivianos que aportan el dinero para pagar esos sueldos de lujo que no coinciden para nada con la realidad laboral que vive la mayoría de los bolivianos. No he de negar mi admiración por la sabiduría de algunas personas mayores, que es muy valiosa en el lugar donde trabajan, pero a estas alturas la edad juega en contra de la equidad, las oportunidades y el progreso en el mercado laboral.
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