Los abogados postulantes a los máximos tribunales de justicia tienen que demostrar que hablan un idioma oficial distinto al castellano cumpliendo con la previsión constitucional, pero detrás de este requisito languidece la política, también constitucional, de fomentar la diversidad cultural y la inclusión de los seres que pertenecen a una veintena de pueblos originarios. Esta política nunca se planificó y menos se implementó en las instancias gubernamentales. Por el contrario, fue el Estado el que delegó a entes privados la certificación a quienes les urge “hablar instantáneamente y con fluidez” un lenguaje originario oficial.
De los 265 postulantes inscritos, sólo para el Tribunal Supremo de Justicia, menos del 10% se autodefine como originario o indígena, lo que constituye una severa devaluación y un menosprecio estrepitoso por lo inclusivo. Para profundizar más este fracaso, desde el Ministerio de Justicia se solicitó una ampliación del plazo para el registro de postulantes indígenas, y también mujeres, para maquillar el problema latente después de más de 16 años de la farsa idiomática. Sólo basta sospechar del líder cocalero que a lo largo de su siniestro mandato nunca ha dado muestras de mantener una charla informal más o menos lúcida en el idioma originario que su madre le enseñó.
Sólo los entes certificadores pueden dar fe si el presidente Arce Catacora habla fluidamente alguna lengua vernácula, porque él en sus discursos se comunica simple y llanamente en castellano, incluso ante los propios pueblos aborígenes. Para la decepción de los ideólogos de la supremacía indígena, ninguna normativa oficial o sentencia judicial se emite en alguno de los idiomas originarios, y para confirmar este descalabro, todas las comunicaciones oficiales de los pueblos netamente nativos se las realizan en el idioma peninsular de Castilla. Nunca nadie y menos las entidades públicas creadas con fines exclusivamente burocráticos han podido implementar esa prédica ya podrida de tanta demagogia.
El acceso a la información en cualquier instancia pública se realiza en castellano, ya sea en papel o en formato digital. Hasta el Ministro de Justicia utiliza este idioma europeo, lo cual va confirmando que las otras lenguas oficiales solo han soportado la etiqueta constitucional, para materializar la pantomima más grande de la historia administrativa de Bolivia. El asunto de las lenguas originarias es y será una excusa válida para empotrar gente incapaz en la administración pública, sólo para que gocen de un sueldo mensual seguro y ofrezcan su fidelidad política al presidente de turno.
Alguien muy vinculado a la bancada opositora de la Cámara de Senadores había amenazado con desnudar esta debilidad en el discurso oficialista; y para descubrir a los impostores que hablan más de un idioma oficial, se les sometería a un examen de 30 minutos dialogando en la lengua que tienen certificada con un personaje indígena hasta la médula. No olvidemos que se trata de los postulantes a las máximas instancias de la justicia boliviana, y por lo tanto, se supone, tienen la capacidad de razonar en dos idiomas, además de argumentar y demostrar sus conclusiones jurídicas. De todos modos, aquí entra en juego la fe pública del Estado, porque un ente administrativo dependiente del Gobierno ha avalado y pondría las manos al fuego por todos los candidatos, especialmente ese 90% de postulantes que saben expresarse en otro idioma, sin siquiera autodefinirse como miembros de alguna comunidad originaria.
Lo que en realidad importa es un sinceramiento rápido y efectivo para que en el futuro no se exija o se deje de exigir el requisito del idioma para diferenciar a los iguales, a sabiendas que lo que realmente interesa es conocer y valorar la idoneidad del postulante para el cargo y la calificación de sus méritos. Todos los postulantes a magistrados son hombres y mujeres de derecho y saben muy bien que en Bolivia está prohibida y sancionada toda forma de discriminación fundada en razón de idioma y otras maneras que tengan “por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona” (art. 14.II, CPE).
Ya es hora de revisar el texto constitucional para podar de cuajo todos esos discursos falsos y sinuosos que anulan la igualdad entre los bolivianos, especialmente el emblema del idioma indígena y originario.
El autor es abogado
Un idioma para despreciar
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17.03.2024
Los abogados postulantes a los máximos tribunales de justicia tienen que demostrar que hablan un idioma oficial distinto al castellano cumpliendo con la previsión constitucional, pero detrás de este requisito languidece la política, también constitucional, de fomentar la diversidad cultural y la inclusión de los seres que pertenecen a una veintena de pueblos originarios. Esta política nunca se planificó y menos se implementó en las instancias gubernamentales. Por el contrario, fue el Estado el que delegó a entes privados la certificación a quienes les urge “hablar instantáneamente y con fluidez” un lenguaje originario oficial.
De los 265 postulantes inscritos, sólo para el Tribunal Supremo de Justicia, menos del 10% se autodefine como originario o indígena, lo que constituye una severa devaluación y un menosprecio estrepitoso por lo inclusivo. Para profundizar más este fracaso, desde el Ministerio de Justicia se solicitó una ampliación del plazo para el registro de postulantes indígenas, y también mujeres, para maquillar el problema latente después de más de 16 años de la farsa........
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