Cuando un parlamentario del ala evista del MAS, según el informe del diario Los Tiempos (8 de abril 2024), afirma que nuestra Constitución vigente es el resultado de un designio extranjero para convertir a Bolivia en un “país ensayo”, enciende todas las alarmas sobre el punto de degradación en el que se arrastra el Legislativo de nuestro país. No se trata de una sorpresa, porque, desde el momento en que —mediante la sentencia de un par de jueces manejados por el Gobierno— se dejó arrebatar su obligación y derecho a fiscalizar, era patente que su descalabro es demasiado profundo.
Nuestros parlamentos nunca se sobresalieron por una gran representatividad; pero, ahora, al acercarse a dos décadas el control casi absoluto por un partido que domina la escena política y concentra el poder público, las marionetas que, en su mayoría, designan a discreción los jefes del oficialismo —igual que las coaliciones opositoras— exhiben una decadencia apabullante. Las excepciones, prácticamente todas de filas contrarias al Gobierno, suman apenas los dedos de una mano, entre las que destacan legisladoras comprometidas con la defensa del medioambiente.
Los lectores comunes de periódicos o que nos informamos por redes y radio, alcanzamos a retener los nombre de unos pocos parlamentarios del MAS, sólo por el estruendo de las acusaciones y denuncias que entrecruzan sobre la corrupción de las fracciones contrarias y, nunca, por una investigación rigurosa y certera que desenmascare abusos del poder y, aún menos por alguna iniciativa para resolver creativa y eficazmente los problemas de la economía, del rápido y despiadado retorno y extensión de la pobreza, o del alivio de los ataques contra la naturaleza, o iniciativas para enfrentar el desastre climático.
Ni se informan, ni les interesa informarse y los gobiernos prefieren tenerlos a oscuras, como hizo el señor Morales Ayma que jamás entregó información relevante (a ellos ni al país) sobre el máximo negocio económico y socioambiental (uno de varios) que tenía entre manos, cuando trató de financiar recursos que treparían por encima de los diez mil millones de dólares, si alcanzaba a materializar su propuesta de destruir la cuenca del río Beni construyendo una represa de 180 metros de altura en el angosto del Chepete, para vender electricidad subsidiada al Brasil, con respaldo de ejecutivos de la cámara empresarial de La Paz y la gobernación del Beni.
El diputado evista que mencionamos arriba propone una nueva Constitución, con el pretexto de que asesores españoles habrían “estado detrás de comisiones de la Constituyente de Sucre”, ignora, igual que muchos otros, la historia real del proceso iniciado por los indígenas de tierras bajas con su demanda de “tierra, territorio, dignidad” que conmovió la estructura del Estado y sus relaciones con la sociedad. Tampoco sabe que desde 1998 (Jornadas Jubileo) hasta 2006, nos sumergimos en un proceso deliberativo abarcante y transversal, del que nació nuestra actual Constitución, pese al esfuerzo contrario del poder gran empresarial y al boicot de las intervenciones autoritarias del MAS y sus comisarios en la Asamblea.
Estas promovieron la participación foránea que intentó, pero no pudo moldear una Constitución a su gusto. Es por eso que el MAS, desde los tiempos de Morales Ayma hasta hoy, antagoniza la Constitución y la viola con el auxilio de sus sicarios legales que manejan y manejaron el Tribunal Constitucional, ante la complicidad y pasividad de los órganos Legislativo y Judicial.
La enorme hipocresía masista que sigue pavoneándose por haber impulsado la Asamblea Constituyente no reconoce que los grandes cambios constitucionales como son la pluralidad nacional en todas sus formas, la democratización y descentralización más profundas y coherentes con autonomías plenas y una real participación y control social están postergadas, asfixiadas y deformadas.
La ignorancia histórica revestida de vanidad desconoce que el control social de nuestra Constitución es el derecho de la sociedad, por fuera y por encima del Estado, a supervisarlo y prevenir sus abusos, con una actitud genuinamente libertaria (no como el impostado relato que maneja Milei, consagrado a quitar frenos que controlen a las grandes fortunas y a agigantar la represión estatal contra el descontento social).
Necesitaremos nueva constituyente cuando cumplamos los mandatos de nuestra actual Constitución, incluyendo la construcción de un modelo de desarrollo que deje de lesionar y agredir a la naturaleza. Igualmente, el debate sobre formas de administración federal fluirá espontáneamente cuando verdaderamente implantemos auténticas autonomías, ahora pisoteadas, igual que la participación y el control social. o el respeto a la naturaleza.
Ignorancia constituyente y degeneración legislativa
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16.04.2024
Cuando un parlamentario del ala evista del MAS, según el informe del diario Los Tiempos (8 de abril 2024), afirma que nuestra Constitución vigente es el resultado de un designio extranjero para convertir a Bolivia en un “país ensayo”, enciende todas las alarmas sobre el punto de degradación en el que se arrastra el Legislativo de nuestro país. No se trata de una sorpresa, porque, desde el momento en que —mediante la sentencia de un par de jueces manejados por el Gobierno— se dejó arrebatar su obligación y derecho a fiscalizar, era patente que su descalabro es demasiado profundo.
Nuestros parlamentos nunca se sobresalieron por una gran representatividad; pero, ahora, al acercarse a dos décadas el control casi absoluto por un partido que domina la escena política y concentra el poder público, las marionetas que, en su mayoría, designan a discreción los jefes del oficialismo —igual que las coaliciones opositoras— exhiben una decadencia apabullante. Las excepciones, prácticamente todas de filas contrarias al Gobierno, suman apenas los dedos de una mano, entre las que destacan legisladoras comprometidas con la defensa del medioambiente.
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