El sobreseimiento de los cargos de conspiración y sedición a la expresidenta Jeanine Áñez y a sus exministros no ha sido más que una farsa del Estado boliviano para dar buena imagen ante los bolivianos y la comunidad internacional que presionan por la liberación de los detenidos políticos.

El anuncio fue una farsa, porque los delitos de sedición y conspiración ya no existen en el ordenamiento jurídico boliviano desde el 2022. El Ministerio Público debió haberlo anunciado en ese momento.

La exmandataria, que está encarcelada de forma preventiva desde marzo del 2021, fue sobreseída de dichos delitos como parte de las investigaciones del caso Golpe I, no así por el cargo de terrorismo.

Tras fuerte presión de la opinión pública, se logró en diciembre del 2023 que esta acusación sea de complicidad, lo que reduciría la pena.

Jeanine es víctima de un juicio político por parte del Estado boliviano. Fue secuestrada de su casa del Beni, trasladada a La Paz, y se la apresó.

La “justicia boliviana” la condenó a 10 años de prisión, lo que provocó indignación de la mayoría de los bolivianos y de la comunidad internacional por la injusticia cometida contra ella.

Recordemos que en 2019 hubo un levantamiento popular pacífico del pueblo boliviano que provocó la huida de Evo Morales a México y la sucesión constitucional que dio lugar a la presidencia de Jeanine Áñez.

Para investigar el complejo caso boliviano, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Luego de sus indagaciones hallaron que el concepto de terrorismo en la ley boliviana es demasiado ambiguo. Esto permite que el Estado pueda acusar y perseguir a sus enemigos políticos con dicho feroz argumento.

En Bolivia se siguen violando los derechos humanos. Human Rights Watch (HRW) indica en su reciente informe que no halló pruebas que respalden el cargo de terrorismo del que se acusa a Áñez y a Fernando Camacho, gobernador electo del departamento de Santa Cruz, al que también se lo secuestró, se lo arrestó y está detenido injustamente hace más de un año en un recinto penitenciario de máxima seguridad.

Él es uno de los líderes de la oposición que fue detenido injustamente porque no atendió a una citatorio, meses antes, para declarar en el juicio que se le sigue, y, así como a Áñez, por “derrocar” a Evo Morales. Camacho está detenido por presunta participación que habría logrado la caída de Evo. Nada más falso.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirma que “históricamente, el sistema de justicia de Bolivia ha sido explotado para dar cabida a los “intereses del poder político gobernante”, remarcando que el presidente Luis Arce no ha cumplido su promesa de reforma judicial para independizar el sistema de la política, son observaciones a las que se suma HRW.

Desgraciadamente, en Bolivia el órgano judicial y el Ministerio Público siguen a merced del poder político.

La autora es periodista y escritora