Y cuando menos pensábamos, vuelve esa corrupción política con el denominador común de las mascarillas. Esa variante que surgió durante la pandemia y que fue el resultado del indigesto cóctel de la extrema necesidad, de la compra a precios altos a proveedores con pocos escrúpulos y pocos controles de los que salieron Tomás Díaz Ayuso, Luis Medina y Alberto Luceño, sin consecuencias políticas para Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, ni para José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid. En esta línea de ‘corrupción de la pandemia’ se sitúa también el caso de Koldo Garcia, asesor de confianza del ex ministro y ex número 3 del PSOE, José Luis Ábalos.

Se acaban de cumplir los primeros tres meses del gobierno de Pedro Sánchez y, sin duda, pasa por uno de sus momentos más críticos. Después del no de Junts en la última votación de la ley de amnistía y el revés en las elecciones gallegas ha llegado el caso Koldo. Probablemente, el peor caso de corrupción desde que está en el gobierno. Aquí como en los casos de las personas de confianza protagonistas de estos casos, tan grave como el enriquecimiento personal de Koldo García es, sin duda, la trama de personas que hay detrás del caso, empresarios y hasta políticos del PSOE y del PP. De momento, tenemos titulares y mucha ceremonia de la confusión mediática. Habrá que esperar algo más para que se aclare la responsabilidad penal de todos.

Sin embargo, lo curioso sigue siendo, la actitud de José Luis Ábalos. Una actitud de resistencia a dejar el acta de diputado, solicitada por su partido y, por el contrario, de pasar como diputado al grupo mixto. Con independencia de lo que conociera de lo que hacía su cargo de confianza, y de que es posible que el no participara ni en la trama, ni se lucrara de la corrupción de las mascarillas, es evidente, que aquí lo que se dirime es la responsabilidad política y, por tanto, una actitud dictada por una rendición de cuentas responsable, una ética pública adecuada y, en suma, una decisión tomada con ejemplaridad pública hubiera sido dimitir como diputado. Sin embargo, eligió dar explicaciones en los medios, escudarse en la certeza de que el escaño pertenece a la persona y no al partido y, por tanto, pensar más en no perder los beneficios de su estatus actual frente al destino más incierto de perder el escaño.

A pesar de los casos de corrupción, y de todo lo que ha pasado, en este país no dimite casi nadie y, desde luego, parecemos entender la responsabilidad política de otra manera que en otras democracias de nuestro entorno donde se dimite, simplemente, cuando uno puede ser responsable de un error propio y también de otro cometido por un subordinado.

Pocos lo han expresado tan bien como Cicerón, “servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable.” Una de las grandezas de la democracia es que hace que los políticos sean responsables antes los ciudadanos.