Hacer pedagogía es mejor que amedrentar. La entente entre PSOE y EH Bildu, explicitada aquí en la reciente moción de censura en Pamplona, vaticina según la derecha una futura anexión de Navarra por parte de la Comunidad Autónoma Vasca o Euskadi. Por imperativo legal de la Constitución de 1978 y del Amejoramiento del Fuero de 1982, Navarra es dueña de su destino. En la iniciativa y en el desenlace. Además, en una decisión reversible. En la decisiva instancia, decide la ciudadanía en referéndum. Disposición Transitoria 4ª: “En el caso de Navarra, y a efecto de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución (Régimen Común), la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente (Parlamento de Navarra), el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos”. El Amejoramiento (Disposición Adicional 2ª) dispone que el Parlamento será también el Órgano Foral competente para “Ejercer, en su caso, la iniciativa para la separación de Navarra de la Comunidad Autónoma a la que se hubiese incorporado”. Aclara el texto constitucional: “Si la iniciativa (de incorporación) no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período de mandato (otra Legislatura) del Órgano Foral competente, y en todo caso cuando haya transcurrido el plazo máximo que establece el artículo 143 (5 años)”. Consagrado, pues, un derecho democrático de los navarros. Sus detractores lo suprimirían de la Carta Magna, pero la reforma del máximo texto legal abriría otros melones. Sus partidarios, que en ocasiones han tenido mayoría parlamentaria, no lo activan conscientes del rechazo en una consulta popular. Lo que hay.