Más allá de la defensa de los intereses personales y de las capacidades políticas de Puigdemont como ex president de Catalunya tengo dudas de que los sensores de la estrategia de Junts estén bien conectados con la sociedad catalana. Su decisión de echar atrás la Ley de Amnistía el día que se votaba su aprobación definitiva en el Congreso y hacerlo junto al PP, Vox y UPN, los tres partidos que están haciendo todo lo posible y por todos los medios para impedir esta ley, deja en el aire tanto la amnistía –que afecta a cientos de personas además de a Puigdemont–, como la continuidad de la Legislatura que acaba de comenzar. Es cierto que la presión de la imaginación judicial de magistrados como García-Castellón o el tal Aguirre que han puesto sobre la mesa, como palos en la rueda contra la Ley de Amnistía, las nuevas acusaciones de terrorismo y alta traición contra el ex presidente podía generar inquietud y dudas en Junts, pero ceder a esa presión bendice su estrategia como efectiva y solo abre la puerta a que ambos u otros jueces se empeñen en seguir abriendo nuevas actuaciones contra el catalanismo. El déficit de imparcialidad de una parte de la justicia española es cada vez más evidente. Ninguna de las dos ultimas causas abiertas por García-Castellón y Aguirre, con el transparente objetivo de hacer descarrilar primero la Ley de Amnistía y de tumbar al Gobierno de Sánchez como consecuencia después, tienen fundamento jurídico alguno ni con el tiempo tendrán recorrido judicial, pero con el rechazo de Junts a la Ley de Amnistía y la necesidad de abordar una nueva negociación ya han cumplido sus objetivo de interferir en el debate político y torpedear la acción legislativa y la cohesión de la mayoría democrática en el Congreso. Fue un mal día para una ley que pretender abrir un nuevo tiempo, pero la amnistía no está muerta. Hay tiempo todavía, pero Junts debe ser consciente que las maniobras políticas, judiciales y mediáticas, aunque se sostengan únicamente en autos delirantes y subterfugios jurídicos que exponen sin ninguna prueba objetiva hechos que no se han producido, van a seguir activas y que posiblemente por intentar cerrar esas puertas pueden acabar sacrificando a todos los ciudadanos que pueden verse amparados por la Ley de Amnistía. En política siempre hay argumentos para sostener todo tipo de posiciones y de decisiones, pero muchas veces los argumentos son tan incoherentes como las decisiones y posiciones que pretenden explicar. Parece difícil sostener la estabilidad política e institucional mínima si cada sesión del Congreso se convierte en un esperpento. Sánchez necesita en cada votación –y llegan a hora los Presupuestos de 2024–, los votos de todos sus aliados, pero sus aliados necesitan, y la mayoría al menos defienden, la continuidad del Gobierno. Y Catalunya, también Junts, necesita de la Ley de Amnistía si quiere poner en marcha un nuevo ciclo político y social en la convivencia y de hacer política en Madrid en condiciones de influir y avanzar. Y que Puigdemont pueda volver a Catalunya. De lo contrario, seguirá en Waterloo. ERC parece haberlo entendido mejor. Hay partido aún, pero solo el diálogo honesto puede alcanzar las metas que parecen cada más lejanas. La alternativa del desencuentro supondría la caída del Gobierno, el final de la Legislatura y elecciones.

QOSHE - La amnistía y el todo vale judicial - Joseba Santamaria
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La amnistía y el todo vale judicial

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31.01.2024

Más allá de la defensa de los intereses personales y de las capacidades políticas de Puigdemont como ex president de Catalunya tengo dudas de que los sensores de la estrategia de Junts estén bien conectados con la sociedad catalana. Su decisión de echar atrás la Ley de Amnistía el día que se votaba su aprobación definitiva en el Congreso y hacerlo junto al PP, Vox y UPN, los tres partidos que están haciendo todo lo posible y por todos los medios para impedir esta ley, deja en el aire tanto la amnistía –que afecta a cientos de personas además de a Puigdemont–, como la continuidad de la Legislatura que acaba de comenzar. Es cierto que la presión de la imaginación judicial de magistrados como García-Castellón o el tal Aguirre que han puesto sobre la mesa, como palos en la rueda contra la Ley de Amnistía, las nuevas........

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