El Tribunal Internacional de Justicia ha dejado claro entre otras advertencias-acusaciones a Israel al menos dos cosas: que hay razones para investigar un delito de genocidio en Gaza –por 15 jueces a dos–, que es obligatorio jurídica y éticamente frenarlo y también que ordena al Gobierno de Netanyahu tomar medidas inmediatas para impedir actuaciones o declaraciones que animen al genocidio. Además, ha rechazado la reclamación de Israel y EEUU de que la demanda de Sudáfrica, apoyada por otros países del mundo, fuera desestimada. Por muchas cornetas que alimenten la versión oficial de los intereses de Gobierno de Israel por este primer fallo judicial del Tribunal Internacional de Justicia, la resolución indica a Netanyahu que su obligación es poner en marcha un alto el fuego para cumplir con su exigencia de protección de la población palestina, con su mandato de permitir la entrada de ayuda humanitaria y sanitaria en la Franja de Gaza y con su deber de proteger a la población palestina. Más o menos que Israel asuma que la guerra está sometida a unas reglas que está incumpliendo en una operación militar que ya se ha cobrado la vida de más de 26.000 personas, más del 1% de la población, la mayoría niñas y niños. No solo es la desproporción militar en medios y potencia de la respuesta de Israel amparada en un supuesto derecho a la defensa a los ataques terroristas de Hamas de octubre que asesinaron a 1.200 israelíes y supusieron el secuestro de otros 200, sino que esa desigualdad está siendo utilizada para efectuar una liquidación indiscriminada de la población palestina en Gaza, la destrucción de sus espacios de vida y de convivencia y una limpieza étnica de unos territorios que los supremacistas sionistas, los grupos racistas y los partidos ortodoxos fundamentalistas que ahora gobiernan Israel ni siquiera ocultan. Al contrario, ministros, rabinos, soldados, colonos –venidos de fuera de Palestina la mayoría–, y periodistas alineados con ese modelo de gobierno alardean constantemente de sus intenciones genocidas sin rubor alguno. La masacre indecente de Gaza no puede estar en cuestión, porque tanto las propias imágenes de esas violaciones de los derechos humanos y de las leyes de guerra que día a día muestran orgullosa y fanáticamente sus protagonistas lo indican claramente como también lo que expresan sus propias palabras ante las cámaras. La diplomacia y la geopolítica internacional pueden andar despacio porque los intereses se cruzan entre quienes manejan los hilos del poder mundial. Una especie de hoy por mi y mañana por ti, mientras el pueblo palestino pone los cadáveres de sus inocentes. Pero los hechos no tienen discusión. Hay instrumentos para obligar a Israel a respetar el derecho humanitario, las convenciones de guerra y la legalidad internacional y hoy el Tribunal Internacional de Justicia ha dado los primeros pasos. Y si Israel no detiene esta masacre de decenas de miles de civiles inocentes –su delito en la inmensa mayoría de los casos es ser palestinos y defender su derecho a vivir en sus tierras–, personas sin agua, alimentos, combustible, luz... y obligados a esperar la muerte a la intemperie bajo las bombas y misiles, los hechos de Gaza y Cisjordania están más cerca hoy que ayer de sentenciarse como delito de genocidio.