De acuerdo con el Instituto Legal de la Universidad de Cornell, una orden de silencio (gag order en inglés) es el término utilizado cuando un juez prohíbe hablar sobre el caso en público a los abogados, las partes o los testigos de una demanda o de un proceso penal.
Se trata de una decisión delicada y calibrada en virtud del derecho a la libre expresión, protegido por la Primera Enmienda. Pero es totalmente constitucional y ha sido validada por la Corte Suprema en el caso Nebraska Press Association vs. Stuart (1976), que decidió, entre otras cosas, imponer una orden de silencio para evitar el peligro de un juicio injusto.
Sin embargo, la orden de silencio no le impide al implicado dar su opinión sobre el juicio, antes o después de entrar en la sala. Solo le imposibilita hablar sobre temas y personas por su posible incidencia sobre el proceso, incluyendo problemas de seguridad.
El expresidente Donald Trump se ha forjado todo un expediente violatorio de las órdenes de silencio. Su posicionamiento ante ellas no es el resultado de incontinencia verbal o de problema psicológico alguno, sino parte de una estrategia bien pensada y articulada para lograr sus objetivos embarrando al sistema judicial vigente y a sus enemigos políticos y enviando mensajes simplones y machacones a sus bases, compuestas abrumadoramente por personas de bajo nivel de instrucción y educación, tanto rurales como urbanas. En eso consiste, en buena medida, su populismo.
El 26 de marzo Juan Merchán, el juez que preside el caso Stormy Daniels en Manhattan, le impuso a Trump una orden de silencio prohibiéndole atacar a testigos, fiscales y jurados en un primer esfuerzo por frenar su retórica.
Merchán lo hizo a petición de la fiscalía del distrito de Manhattan. Según esta, específicamente Trump no podía hacer ni ordenar a otros hacer declaraciones sobre el papel de los testigos en el caso.
Además tenía prohibido hablar sobre los fiscales y el personal del tribunal. Y cualquier comentario sobre los miembros del jurado le estaba vedado, dictaminó el juez a partir de una serie de declaraciones hostiles que Trump había hecho sobre jurados, fiscales y otros posibles actores del juicio.
“Sus declaraciones fueron amenazantes, incendiarias y denigrantes”, escribió Merchán en el texto de la orden. Pero había una excepción notable: Trump no tenía prohibido atacar al fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quien por cierto ha recibido numerosas amenazas de muerte en los últimos meses. (Bragg se excluyó voluntariamente de la orden).
Aunque no especificó cómo podría hacer cumplirla, en estos casos los jueces suelen imponer multas. Y en ciertas circunstancias excepcionales, pueden enviar a la cárcel a los infractores.
Un día después de que se le impusiera el silencio, Trump la emprendió contra la hija del juez Merchán en Truth Social.
La andanada sobrevino en medio de otro intento de sacar a Merchán del juego: lo mismo que quisieron hacer, sin éxito, con la fiscal Fani Willis en el juicio criminal que Trump tiene marcado en el condado de Fulton, Georgia, actualmente en suspenso.
La hija de Merchán era, escribió el expresidente en su red social, una alta ejecutiva de “una firma demócrata súper liberal que ha trabajado con los principales demócratas, incluido el presidente Joe Biden”.
También socializó ahí mismo la idea de que había publicado una imagen suya tras las rejas en su cuenta de redes sociales, algo que, según se demostró en el tribunal, resultó completamente falso.
Loren Merchán se ha desempeñado, en efecto, como presidenta de Authentic Campaigns, empresa dedicada a trabajos de campañas digitales como recaudación de fondos en línea, mensajería móvil y diseño web. Y labora con políticos demócratas.
Ante el ataque, Merchán solicitó una recomendación al Comité Asesor sobre Ética Judicial del estado de Nueva York. Sus jueces concluyeron: “La imparcialidad de un juez no puede cuestionarse razonablemente basándose en las actividades comerciales y/o políticas de un familiar suyo”.
Poco después, Merchán concedió a los fiscales una solicitud para ampliar el alcance de la orden a fin de prohibir los ataques de Trump contra sus familiares y contra los de Bragg.
El sábado 6 de abril Trump dijo que acogía con agrado la idea de ir a la cárcel por violar esa segunda orden de silencio. Y lo hizo en los siguientes términos: “Con mucho gusto me convertiré en un Nelson Mandela moderno. Será mi GRAN HONOR”, escribió en Truth Social.
Insólito, pero no es la primera vez que se compara a sí mismo con un personaje histórico positivo y hasta paradigmático de los progres. (En un discurso de octubre, por ejemplo, se comparó con el propio Mandela). Y durante la pasada Semana Santa acudió a Truth Social para compartir un mensaje comparando sus problemas legales con la persecución que había sufrido Jesucristo.
“Imagínense, es tan egocéntrico que se compara con Jesucristo y Nelson Mandela, todo en el lapso de poco más de una semana: ese es Donald Trump para ustedes”, dijo la portavoz de la campaña de Biden, Jasmine Harris.
El primer día del juicio de Manhattan el fiscal asistente Chris Conroy planteó que en tres publicaciones recientes de Truth Social Trump había violado la orden de silencio. Y le pidió al juez acciones concretas en ese sentido.
Merchán no se pronunció sobre el tema, pero optó por fijar una fecha para efectuar una audiencia sobre el punto el próximo martes 23 de abril, en la que escuchará los argumentos de los fiscales y la defensa.
Los abogados de Trump impugnaron desde el inicio la moción para ampliar la orden de silencio argumentando que su defendido no la había violado y que ampliarla “exacerbaría las violaciones constitucionales existentes y en curso que la orden está infligiendo”. El lunes pasado la abogada de Trump Todd Blanche dijo exactamente lo mismo. Y añadió: “Él está respondiendo los ataques lascivos, repetidos y vehementes de varios testigos”.
Trump asiste a primera sesión de juicio criminal en su contra
Una defensa que, sin embargo, no logró desmontar la evidencia aportada por los fiscales, quienes citaron una publicación del pasado 10 de abril en la que Trump le agradecía a Michael Avenatti, el exabogado de Stormy Daniels, por revelar la verdad sobre dos tipos sórdidos que “con sus mentiras y tergiversaciones, le han costado caro a nuestro país”. (Se refería a la propia Daniels y a su exabogado Michael Cohen, dos testigos centrales en este caso).
Pero el domingo continuó haciendo lo mismo en Truth Social. Merchán era “un juez totalmente conflictivo”, dijo, y calificó al fiscal Alvin Bragg de “corrupto” (de nuevo). Y el lunes temprano, antes del inicio de la vista, compartió un video de una activista de extrema derecha sobre un supuesto trabajo de la esposa del juez Juan Merchán con la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y sobre los vínculos de Michael Cohen con personas conectadas con sus enemigos políticos.
Por eso el fiscal asistente pidió imponerle una multa de 1 000 dólares por cada publicación y que se le recordara que podía ser encarcelado si continuaba violando la orden.
Otro déjà vu. En octubre pasado, el juez Arthur Engoron amenazó a Trump con mandarlo a prisión por violar por segunda vez una orden de silencio en el caso civil de Nueva York por fraude financiero. Finalmente, le impuso una multa de 10 mil dólares. “No lo haga de nuevo, será peor”, le dijo el juez. Y remató: “No quiero aquí a nadie asesinado”.
Donald Trump se calló, al menos por un rato.
login
who are we?
contact us
qosheapp
Toi Staff
Gideon Levy
Belen Fernandez
Andrew Mitrovica
Mort Laitner
Rami G Khouri
Ali Fathollah-Nejad
Nikkei Editorial
visit website
