Dos guardaparques que cumplían su deber al impedir el ingreso de maquinaria para actividad minera en una zona restringida del parque Madidi son enjuiciados penalmente por un minero aurífero, y la institución que cobija su acción de servicio público -el Sernap- no sale a defenderlos, como correspondería. Para colmo, la jueza que conoce el caso es una exfuncionaria de la AJAM. ¿Cómo entender semejante descalabro del Derecho y la Justicia?

Hay un consenso general acerca de que el Derecho (en tanto “orden social coactivo enfocado al ideal de la Justicia”, como lo define Kelsen) representa un estadio superior de racionalización de las sociedades humanas respecto de estadios primitivos en los que los conflictos se solucionaban con el recurso de la violencia y la imposición de quienes tienen más fuerza y poder.

Bajo esta premisa, lo que está ocurriendo con el creciente deterioro de las instituciones que administran la justicia y el derecho en Bolivia viene a ser peligrosamente una regresión a estadios que gráficamente podríamos llamar “cavernarios”. Más allá de evocar viejos tópicos colonialistas y racistas con este apelativo (pues el deterioro de las instituciones que administran la justicia no es exclusivo en la Bolivia gobernada por el MAS, tampoco un fenómeno propio de Bolivia; sino fijémonos en la grosera desobediencia del Gobierno de Israel al mandato de la Corte Internacional de Justicia de facilitar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza), lo cierto es que el deterioro de las instituciones de justicia es una enorme regresión y pérdida para Bolivia como Estado garante de derechos.

Un mayor espacio para la arbitrariedad y el abuso de poder es un riesgo evidente para todos. En un escenario de desastre de las instituciones y del respeto de las reglas de juego, cualquiera puede ser víctima, sin tener posibilidades de una defensa basada en el Derecho. Se trata de un auténtico retorno a las cavernas cuando, de hecho, en la resolución de conflictos aparece el protagonismo de la fuerza y el abuso de quienes tienen más poder político y económico, y se deja a las víctimas en la impotencia o en la alternativa de recurrir a medidas de fuerza para intentar encontrar justicia, generándose así una peligrosa escalada de la violencia.

UN POCO DE SAL

MIGUEL ÁNGEL MIRANDA H.

Filósofo

[email protected]