La propuesta de castigar con penas de cárcel a las personas que bloquean las vías y cometen actos de vandalismo toma forma; en las últimas horas, la Cámara Nacional de Industrias presentó un proyecto de ley que fija con hasta ocho años de cárcel para quienes interrumpen la libre circulación de motorizados en las carreteras del país.

Este proyecto de ley, que se suma al presentado por la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, establece que, además de las penas de cárcel, los que bloquean reciban sanciones económicas para resarcir parte de los perjuicios económicos causados.

El proyecto de ley presentado por los industriales propone en parte una pena de cárcel de ocho años y una multa de 60 salarios mínimos (141.720 bolivianos o 20.362 dólares) para las personas que “ilegalmente procedan al bloqueo total o parcial de caminos, u obstruyan el libre tránsito de vehículos, personas o mercaderías por las vías públicas”.

En el último bloqueo de carreteras, que se extendió por dos semanas, el país perdió, según el Ministerio de Economía, 1.000 millones de dólares, una cifra que será difícil de recuperar en el corto plazo.

Y para resarcir esta cifra que perdió el país (sector privado, turismo y entidades públicas, entre otros), la Justicia tendría que cobrar la sanción económica a por lo menos 50.000 bloqueadores, situación poco probable en los hechos.

Lo que se colige de la propuesta de los industriales y empresarios es que este proyecto de ley no busca sancionar la protesta o las movilizaciones, sino que busca proteger la producción nacional, cuidar el bolsillo de las familias y, sobre todo, garantizar la estabilidad económica de todos.

De un tiempo a esta parte, sectores que tienen alguna demanda (justificada o no) recurren al expediente fácil del bloqueo de caminos, sin agotar previamente los pasos previos para negociar una solución a sus demandas.

Además, la mayor parte de los bloqueos tiene un cariz político, es decir, se implementan por “doblar el brazo” a una determinada autoridad o porque la intención detrás es causar incertidumbre o desestabilizar una gestión.

Bloquear las vías e interrumpir la circulación de vehículos que llevan carga o pasajeros perjudica a casi todos, porque solo algunas personas obtienen réditos económicos o políticos por sus acciones malsanas.

Quienes piensan en bloquear por alguna demanda, deben pensar, antes, en el millonario daño económico que se causa a la economía de miles de familias, además de que la industria pierde nichos de mercado por la intransigencia de un puñado de personas que persigue fines ruines, ya sea políticos o económicos.

En estos casos, la sanción que proponen los industriales, aunque es aún benevolente, se justifica por el bien mayor, el de toda la población.