La Ley 065 de Pensiones (vigente) señala que la edad de jubilación en Bolivia es a los 58 años y para acceder a una renta, la persona debe contar con al menos 120 aportes, es decir, haber cotizado durante un mínimo de 10 años. Empero, en los últimos meses, el Gobierno planteó el proyecto de Ley 035, el cual, entre otros temas, fija como tope máximo la edad de 65 años para jubilarse, situación que generó protestas en médicos y catedráticos que ocupan cargos en entidades estatales, es decir, que reciben sueldos del erario público.

Ante las movilizaciones que realizaron médicos, maestros y catedráticos en Cochabamba y Santa Cruz, el Gobierno aclaró que, si un profesional considera que puede seguir trabajando más allá de los 65 años, deberá someterse a pruebas para demostrar que es aún apto para ejercer con idoneidad su actividad.

Sin embargo, los que se consideran que serán afectados en caso de aprobarse ese proyecto de ley, se oponen a someterse a cualquier tipo de examen y argumentan que tienen derecho a seguir trabajando porque pueden aportar aún con sus conocimientos.

En Cochabamba, catedráticos y administrativos de la Universidad Mayor de San Simón realizaron una marcha de protesta debido a que –advirtieron- más de 1.000 docentes se verían perjudicados, ya que quienes tengan 65 años estarían obligados a jubilarse.

En Santa Cruz, los médicos y personal de salud realizaron un paro movilizado de 48 horas en contra del proyecto de ley de “jubilación forzada”.

Al respecto, es importante realizar varias consideraciones. Tomando en cuenta que la Ley 065 fija los 58 años como edad para la jubilación, médicos, maestros y catedráticos tendrían 7 años más para seguir ejerciendo sus profesiones, si deciden hacerlo.

Incluso después de los 65 años tienen la posibilidad de continuar trabajando, si es que demuestran, mediante un examen médico, que son aptos para seguir enseñando o atendiendo a los pacientes.

Se debe tomar en cuenta, además, que cada año se gradúan cientos de médicos, profesores y catedráticos que buscan la oportunidad de empezar a ejercer, pero si no hay jubilaciones en estas entidades estatales, difícilmente podrán acceder a un cargo público.

Finalmente, si un médico, por ejemplo, considera que puede seguir ejerciendo, tiene la opción de continuar trabajando en su consultorio privado, como muchos lo hacen y, en consecuencia, percibir una remuneración.

En el fondo, el quid de la protesta por parte de médicos y catedráticos no se circunscribe únicamente a su deseo de aportar con sus conocimientos, sino porque saben que no podrán seguir cobrando sus elevados sueldos y tendrán que conformarse con rentas como las que recibe el resto de los jubilados.