El gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, informó este martes que se detectaron al menos 40 irregularidades en la gestión financiera de esta institución, por lo que anunció el inicio de auditorías especiales y procesos penales, para los funcionarios responsables.

Las irregularidades que se habrían cometido en los últimos años, según el informe de Confiabilidad de la Gobernación, apuntan a la gestión de Luis Fernando Camacho, quien se encuentra con detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro (La Paz), por el caso “Golpe de Estado”.

Si Aguilera hizo conocer este informe sobre irregularidades cometidas en la gestión de Camacho es porque tiene pruebas fehacientes sobre hechos de corrupción, por lo que debe seguir con este proceso para llevar ante la justicia a quienes resultaren responsables.

No se debe perder de vista, sin embargo, que Aguilera, como vicegobernador, tiene también cierta responsabilidad por no haber realizado la fiscalización respectiva como segunda autoridad del departamento de Santa Cruz.

Aguilera, en el informe que brindó este martes, señaló que, por ejemplo, se detectaron pagos por obras que no tenían avance físico y contratación de personal sin experiencia para sus puestos, entre otros.

El informe señala que algunas observaciones deben ser subsanadas o corregidas, mientras que otras, tras un proceso, tendrían que ser remitidas a la justicia ordinaria para su respectivo juicio, si corresponde, hasta identificar a los funcionarios responsables.

Las auditorías anunciadas por Aguilera deben llevarse hasta que se diluciden completamente todas las denuncias, con imparcialidad, sin ánimos de buscar cabezas de turco, sino con el fin de hallar a los que incurrieron en actos de corrupción, porque el daño económico se lo hace no a un partido político, sino a todo el departamento de Santa Cruz.

Al ciudadano de a pie no le interesa los pormenores de las diferencias que puedan existir entre el gobernador en ejercicio Mario Aguilera y el gobernador Luis Fernando Camacho, sino que se encuentre a los culpables de los presuntos actos de corrupción y que estos, de confirmarse su participación, respondan con la cárcel, además de devolver el dinero malversado.

En el curso de esta investigación no puede haber acuerdos para liberar a determinadas personas de la sanción que merecen, así como tampoco se puede forzar pruebas para castigar a quienes son inocentes. Además, la Gobernación de Santa Cruz debe reforzar su sistema de fiscalización para que no se sigan cometiendo actos de corrupción, porque eso genera perjuicios a miles de vecinos que no se benefician con obras, porque el dinero destinado a proyectos de desarrollo va a parar a los bolsillos de funcionarios torcidos que, lamentablemente, cuentan con el aval de autoridades corruptas.