La realización de las elecciones judiciales no implica la solución del gran problema de la Justicia en Bolivia, porque se trata de un problema estructural y de alta responsabilidad con la patria tanto de oficialistas como de opositores, de arcistas y evistas.

Lamentablemente, en este último tiempo el Tribunal Constitucional se ha convertido en una especie de “suprapoder”. Tanto es así que una Sala Constitucional “Departamental” ahora está por encima nada menos que del primer Poder del Estado que es el Legislativo, y otro extremo al que se ha llegado es que tan solo uno o dos vocales toman decisiones por encima del Poder Judicial.

Tal como se ven las cosas respecto a la fragilidad y manipulación de los tribunales de Justicia, cualquier ciudadano (palo blanco) puede interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, supuestamente porque ve afectados sus derechos y entonces el TCP puede aceptar ese recurso por razones políticas.

La Asamblea Legislativa está en uno de sus peores momentos en la historia de Bolivia y, ojo, que se ha llegado a esta deplorable situación por culpa de los mismos senadores y diputados del oficialismo y oposición. El alto costo y la conflictividad en el país tenemos que pagar las y los bolivianos, además que nos encontramos ante una muy riesgosa desinstitucionalización.

Diversos analistas políticos, abogados constitucionalistas, politólogos y otros coinciden en que el origen o la causa-efecto de esta delicadísima crisis institucional es la enfermiza obsesión del expresidente Evo Morales de volver al “poder” a cualquier precio y, en este caso, para que sea habilitado como candidato en las próximas elecciones generales, por las buenas o por las malas.

Por consiguiente, el reciente bloqueo de caminos, las disputas internas en la Asamblea Legislativa y las acciones del sector radical del MAS (evismo), están utilizando el argumento de las elecciones judiciales como bandera política y trinchera.

En caso de que vuelva a complicarse el proceso de realización de elecciones, se tendría que recurrir esta vez a la elección directa de nuevos magistrados en la Asamblea, pero para ello tiene que haber operadores políticos que generen espacios de consenso y de acuerdos que se cumplan y se actúe en función del país y no así de mezquinos intereses personales ni de cálculos políticos. Que las elecciones judiciales dejen de convertirse en un “pretexto” para convulsionar el país.

FORO

GUIDO ROMAY R.

Periodista, profesor y escritor

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