Durante el 188 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones defensoras de Derechos Humanos presentaron un informe sobre la ineficacia de las Acciones de Inconstitucionalidad Abstracta en Bolivia. El motivo de la queja tiene que ver con la negativa sistemática del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCPB) para atender las demandas interpuestas por personas legalmente habilitadas, pero ajenas al partido de gobierno, para que se dejen sin efecto leyes y decretos contrarios a la Constitución Política del Estado y violatorias de derechos y garantías contenidos en la Constitución Política del Estado y los tratados de Derechos Humanos.

En los minutos concedidos a los representantes de la sociedad civil, la CIDH fue informada en detalle y con respaldo de estudios estadísticos elaborados con mucho rigor técnico, honestidad intelectual y datos oficiales extraídos de la página web del Tribunal Constitucional, la calamitosa situación de la institución cuya razón de existir es velar por la supremacía de la Constitución, ejerciendo el control de constitucionalidad para precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías de todos los estantes y habitantes del país.

No obstante de la contundencia de las pruebas expuestas, el representante del Estado boliviano se limitó a descalificar los estudios sin presentar elementos que desvirtúen, tampoco mostró interés por informarse mejor. Por su parte, los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional presentes en la audiencia, ante la evidencia de su negligencia al rechazar más del 60% de demandas en la etapa de admisión con el argumento muletilla “carecer en absoluto de fundamentos jurídico constitucionales” para evitar pronunciarse sobre el fondo de la petición demorando entre 410 y 1.700 días para el rechazo, respondieron que estudian responsablemente cada demanda, no obstante la enorme carga de trabajo que tienen.

Esta respuesta nos hace pensar ¿será que en Bolivia no existen abogados constitucionalistas que se encuentren a la altura de los señores/as magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional? o a dichas autoridades les quedó tan grande el cargo que, en lugar de estudiar el fondo del asunto planteado, prefieren rechazarlo y así se evitan dejar en evidencia su sumisión político partidaria y sus limitaciones en materia constitucional y Derechos Humanos.

Cuanta falta hace a autoridades de altas cortes un poco de humildad y capacidad de autocrítica para admitir sus falencias ante pruebas contundentes como las expuestas ante la Comisión Interamericana de DDHH.

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

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