La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado el informe de 20 de enero de 2024 “Cohesión Social: El Desafío para la Consolidación de la Democracia en Bolivia”, en el que aborda temas que dificultan la consolidación de la Democracia y el Estado de Derecho en nuestro país. Desde el año 2006, este es el informe más completo que la CIDH ha emitido, tocando con claridad temas que preocupan a bolivianos/as, tales como la polarización política y social que vivimos y sufrimos todos los días; situación que, según el informe, se ha agudizado a partir de la pretensión de reelección indefinida de Evo Morales y, posteriormente la postergación del Censo. Entre las estrategias que la CIDH sugiere para superar el problema señala: el desarrollo de políticas públicas efectivas para reducir las desigualdades sociopolíticas entre los grupos polarizados; políticas públicas para la corrección de los prejuicios que afectan las percepciones entre grupos polarizados con el fin de disminuir la animadversión efectiva entre personas ciudadanas y fortalecer sus esfuerzos para la generación de espacios de consenso y diálogo genuino entre los distintos sectores de la sociedad boliviana, en toda su pluralidad, para la prevención del agravamiento del fenómeno de la polarización.

Tan grave es el efecto de la polarización que ha incidido en el debilitamiento del Estado de Derecho y la percepción ciudadana sobre las bondades de la democracia, tanto así que entre 2015 y 2020 la percepción positiva de la ciudadanía ha bajado en siete puntos porcentuales, según un estudio de la ONU.

Otro tema oportuno es el referido al Sistema de Justicia, en un momento en el que la ciudadanía se halla expectante sobre lo que sucederá en la selección de candidatos/as a magistrados/as para las altas cortes. Las interrogantes son si esta vez Bolivia podrá superar, al menos en algo, los problemas de falta de transparencia en la selección de candidatos/as en la ALP ; deficiencias normativas para la resolución de impugnaciones durante la preselección, falta de criterios en la evaluación de perfiles de los/as candidatos, deficiencias en la fase de entrevistas. En particular, este punto consideramos uno de los más importantes para evitar se repitan las lamentables experiencias anteriores en las que a esos altos cargos, con honrosas excepciones, accedieron profesionales carentes de ética e idoneidad profesional, que poco o nada sabían de la materia para la que fueron nombrados, y ya en el cargo, se limitaron a estampar su firma en resoluciones proyectadas por sus asistentes.

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

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