En foros internacionales Bolivia se presenta como un país dotado de una gran riqueza legislativa que cubre todos los aspectos que harían posible el bienestar de la población asentada en su territorio; temas como Derechos Humanos, Seguridad, Medio Ambiente, Corrupción, Lavado de dinero, Violencia machista y muchos otros se hallan plasmados en la Constitución Política del Estado y otras normas.

Sin embargo, un superficial escrutinio sobre la aplicación de su avanzada legislación, deja al país muy mal parado por cuanto, a la par del desarrollo de la habilidad de aprobar leyes capaces de sacar aplausos de quienes ignoran la realidad; las autoridades políticas, administrativas y judiciales han desarrollado una gran experticia en pervertirlas. Con este fin han consolidado un consistente aparato de desvergüenza capaz de aguantar, sin despeinarse, cuanta crítica o reclamo le caiga desde dentro o fuera del país.

En particular, en los años de gobierno del masismo la política de la arbitrariedad, la desvergüenza y la mentira se han afianzado a través de operadores/as que, muchos, hasta cumplen con los requisitos formales para optar los cargos, pero, ostentan una absoluta carencia de valores éticos y sentido de dignidad a momento de cumplir con lo que las normas disponen.

Decisiones de los agentes políticos incrustados en el Ministerio Público, en las Altas Cortes y juzgados, generan malestar en la población por el descarado manoseo de las leyes, especialmente cuando se trata de anular a personas que no comulgan con el gobierno. Se organizan procesos penales con el solo fin de privar de libertad con carácter indefinido y anular cualquier intento de denunciar las irregularidades o perfilarse como cuadro político. Después de largos períodos de tortura psicológica y privación abusiva de libertad contra quienes son identificados como enemigos/as, con mucho orgullo informan que el acusado X o Y , reconoce la autoría del delito por el que se le juzga y se somete a procedimiento abreviado; bien sabemos que es el cansancio de remar en el lodazal de la justicia el que obliga a aceptar la acusación. Privados de libertad que prueban la falsedad de las acusaciones, son sometidos a nuevos procesos y detención preventiva indefinida. Con estas grotescas artimañas buscan la destrucción física o, al menos, el debilitamiento moral de los identificados como enemigos del régimen. Sin embargo, lo que están consiguiendo es que la perversión de las leyes se naturalicen y no imaginan que cuando se vuelque la tortilla, ellos podrían ser medidos con la misma vara que hoy usan para acallar las voces críticas.

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

julietamontañ[email protected]