Escuchando las noticias, pude apreciar cómo muchos asambleístas desconocen el procedimiento presupuestario y su correspondiente registro. En una entrevista, el periodista le preguntaba la razón de la observación a la aprobación de recursos de crédito externo, a lo que el asambleísta respondía que no se tenía el detalle de “a qué proyecto estaba destinado el mencionado crédito”.

Cuando un organismo internacional aprueba un crédito, lo hace de forma “general” y de acuerdo a objetivos previamente establecidos entre el organismo y el Estado. Por ejemplo, con el organismo internacional se aprueba el crédito por 1.000.000 de dólares, para la integración carretera de los departamento de Beni y Pando. Con este detalle tanto el Gobierno, la Asamblea y los organismos internacionales establecen que el crédito de nuestro ejemplo esté exclusivamente para la integración carretera de dos departamentos.

La lógica del entrevistado era que ese crédito no se tenía el detalle de “en qué proyecto de inversión” se registraría, tampoco se sabía qué entidad ejecutaría el mencionado proyecto y que, según su análisis, existía el riesgo de que el gobierno “pueda desviar” esos recursos a otros fines.

Debemos aclarar que (en nuestro ejemplo), si el organismo internacional verificara que el crédito fue destinado a otros fines, incluso si el gobierno decidiera realizar la “integración carretera de Tarija y Potosí” dejando de lado a Beni y Pando, el organismo internacional exigiría la devolución de los recursos y el país quedaría inhabilitado de solicitar nuevos créditos de ese organismo. No creo que exista gobierno alguno que se arriesgue a tanto.

Pero, ¿Por qué el gobierno no incorpora en el PGE el proyecto de inversión? La respuesta es clara, para que el gobierno pueda registrar actividades corrientes (pago de sueldos, compra de papel y otros), recurrentes (mantenimiento de carreteras o de calles en el caso de municipios) y Proyectos de Inversión, los recursos deben estar aprobados o si se quiere “asegurados” detallando la fuente y organismo financiador (esto se encuentra establecido en la normativa presupuestaria vigente).

Como se puede apreciar, se entra a un círculo vicioso, con la “confusión” de los procedimientos.

FORO

MIGUEL ÁNGEL MARAÑÓN

Economista

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