Se leyó en la prensa nacional, varios meses atrás: “El gobierno logró identificar 300 pistas clandestinas que deben ser destruidas porque no cuentan con el permiso de operación” y “serán destruidas por no ser autorizadas por Naabol dentro del territorio nacional”.
Continúa el problema de los radares y cuestionan al ministerio de Defensa, cuyo titular está en su laberinto sin poder explicar las causas de la demora en la instalación completa de los mismos para la lucha contra el narcotráfico. Aquí se desvela la pugna que está latente entre militares y profesionales civiles por el control del espacio aéreo de Bolivia, lo cual es un trasunto del desconocimiento tácito que la aviación en el mundo es civil y regulada, controlada y reglamentada, acorde a la dinámica de la aeronáutica, por organismos internacionales civiles.
La adquisición de los radares por el gobierno de Bolivia está rociada de imperfecciones; desde la ausencia de una cláusula de compromiso con la fábrica para formar a técnicos bolivianos en su correcto manejo sin costo adicional para el Estado, hasta la entrega de los equipos en pleno funcionamiento en los lugares geográficos predestinados, como ofertaban otras empresas. El contrato estuvo presuntamente elaborado por algún jurista diletante.
Además, esta adquisición de radares que aún no funcionan a plenitud después de seis años de su entrega, no garantiza la vida de duración efectiva en correspondencia con la considerable inversión; hoy ya se conoce en el ámbito aeronáutico internacional, que el control del espacio se realizará en tiempo mediato, algunos países diligentes ya lo hacen por satélite.
Hoy, se lee, que se intervinieron fábricas de estupefacientes en el Chapare; acción encomiable, empero, debe extenderse esta acción, con impronta de continua, a la destrucción e inhabilitación de pistas clandestinas, que es, por el momento, un escollo insalvable, que impide desestructurar definitivamente este tráfico y el consecuente irreparable daño que genera en la población.
La contundencia de la afirmación sobre las 300 pistas clandestinas es serio y preocupante, porque es una confirmación tácita que el tráfico de estupefacientes está en su apogeo, motivo suficiente, por su gravedad, para que las autoridades que preservan la seguridad nacional no lo asuman con indolencia y la molicie característica de los servidores públicos. 300 pistas clandestinas, con sola poca imaginación, significa una copiosa actividad ilícita del tráfico de drogas, peligrosísima para la seguridad del país, pues engendra un estado clandestino en otro legítimo.
Existe imprecisión en las declaraciones del Viceministerio del Interior, pues no es Naabol la institución que autoriza la actividad en una determinada pista aérea, sino la DGAC, delegada por el Estado para controlar toda la actividad aeronáutica del país, empero, no se percibe eficiencia en sus múltiples atribuciones, importantísimas, para elevar la categoría de la aeronáutica legítima en el país, como factor estratégico en nuestra condición mediterránea.
300 pistas clandestinas alarman a la población que desea paz perdurable, economía legítima y la hacen razonar con diligencia sobre la aplicación del artículo 244 de la Constitución Política del Estado, debido a que 300 pistas clandestinas atentan fehacientemente contra la seguridad del Estado, su legítima soberanía y, peor, contra ella. Las Fuerzas Armadas disponen de la formación, logística y material para arrinconar definitivamente al narcotráfico.
FORO
RAÚL PINO-ICHAZO T.
Abogado, posgrados en Derecho Aeronáutico, Arbitraje y Conciliación; Filosofía y Política
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300 pistas clandestinas siguen activas
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21.01.2024
Se leyó en la prensa nacional, varios meses atrás: “El gobierno logró identificar 300 pistas clandestinas que deben ser destruidas porque no cuentan con el permiso de operación” y “serán destruidas por no ser autorizadas por Naabol dentro del territorio nacional”.
Continúa el problema de los radares y cuestionan al ministerio de Defensa, cuyo titular está en su laberinto sin poder explicar las causas de la demora en la instalación completa de los mismos para la lucha contra el narcotráfico. Aquí se desvela la pugna que está latente entre militares y profesionales civiles por el control del espacio aéreo de Bolivia, lo cual es un trasunto del desconocimiento tácito que la aviación en el mundo es civil y regulada, controlada y reglamentada, acorde a la dinámica de la aeronáutica, por organismos internacionales civiles.
La adquisición de los radares por el gobierno de Bolivia está rociada de........
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