29/01/202429/01/2024 Feijóo durante la manifestación del pasado domingo en Madrid. - PP

El pasado domingo el Partido Popular (PP) convocó su séptima manifestación contra la ley de amnistía. A medida que endurece su discurso, rozando lo delirante, reduce el apoyo a estas movilizaciones y sirve de tamiz para concentrar lo más retrógrado de la derecha. El ruido aumenta, pero no está nutrido por un mayor respaldo coral, sino por el bramido de la sinrazón. A medida que pasa el tiempo, montar un discurso de oposición sobre la hipérbole, la amenaza y la mentira, como hace Alberto Núñez Feijóo, produce hartazgo, el mismo que se percibe en la sangría de manifestantes a su llamamiento.

La ley de amnistía es una cuestión que presenta muchas aristas. Se puede adoptar una postura contraria a ella, tener dudas al respecto de su utilidad e, incluso, situándose a favor de ella, estar en profundo desacuerdo con su desarrollo, con sus negociaciones en las que, mientras no exista transparencia, parece ser Junts quien se lleva el gato al agua. Todo eso es posible y, desde luego, legítimo; lo que en modo alguno se puede normalizar es la manipulación y el PP está jugando esa baza.

Aprovechando el sorprendente proceder del juez Manuel García Castellón, los populares subliman uno de sus mayores vicios adquiridos: el gusto por utilizar el terrorismo y sus víctimas como arma política arrojadiza. Siempre lo ha hecho, pero si además cuenta como aliado de ese discurso a un juez que calcula los tiempos de sus autos, no de acuerdo al Derecho, sino al devenir político, miel sobre hojuelas. Paradójicamente, la derecha ensalza a este magistrado al tiempo que escupe en nuestro ordenamiento jurídico calificando de "cáncer del Estado de Derecho" al mayor garante de la Carta Magna, es decir, al Tribunal Constitucional.

La calificación de terrorismo de los altercados provocados por Tsunami Democràtic durante el procés termina por banalizar el concepto, dejándolo hueco y, además, extendiendo peligrosamente la calificación de terrorismo a movilizaciones que nada tienen que ver con ello. Existen precedentes europeos de intentos similares que no prosperaron, sencillamente, porque no hay sustento jurídico para ello. La falta de diálogo y judicialización del conflicto catalán por parte del gobierno de Rajoy es lo que nos ha conducido a la situación actual y su sucesor está cayendo exactamente en los mismos errores.

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