13/03/202413/03/2024 Jorge Fernández Díaz e Isabel Díaz Ayuso. – Eduardo Parra (Europa Press) / Gustavo Valiente (Europa Press)

Corría el año 2014 y 33 jueces catalanes firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir en Catalunya, algo que no fue del agrado del Gobierno de España, liderado por Mariano Rajoy (PP). Eran los tiempos de las Cloacas del Estado y no tardó en dejarse notar, no sólo con la filtración de los DNI de los togados, publicados en un infame artículo en La Razón, sino negándose en redondo a investigar tal filtración y vulneración de derechos fundamentales. Hoy sabemos que, efectivamente, la cúpula policial hizo y deshizo a su antojo por orden del ministerio que encabezada Jorge Fernández Díaz (PP).

La publicación de La conspiración de los 33 magistrados soberanistas en el diario que dirige Francisco Marhuenda fue una prueba más de las grietas de nuestra democracia, especialmente cuando gobierna el PP. El hecho de que el periódico tuviera acceso a aquellos DNI y cometiera el delito de publicarlos de manera impune –junto a los juzgados en los que trabajaban y sus ideas políticas- dibuja nuestro sistema como uno incompatible con la defensa de derechos fundamentales.

El archivo de la denuncia interpuesta por los magistrados afectados impidió que se investigara los hechos. Entonces, no hubo concentraciones de togados a la puerta de los Juzgados, ni comparecencias en defensa de sus compañeros cuya privacidad fue pisoteada. Nada. Tras buscar el auxilio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), se vislumbró algo de justicia al fin.

El TEDH volvió a sacar los colores a nuestro Poder Judicial –son demasiadas veces ya para tener confianza en su pulcritud- y condenó a España por no proteger el derecho a la privacidad de los jueces catalanes. El alto tribunal europeo constató la violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y determinó que los DNI procedieron de la base de datos policial. No investigar debidamente esa filtración supuso para el erario público afrontar el pago de una indemnización de 4.200 euros por daños morales y 3.993 por costas y gastos para cada uno de los 20 magistrados que presentaron la demanda ante la Corte europea.

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