23/12/202322/12/2023 Estatua representativa de la Justicia.- Pixabay

En los últimos días hemos escuchado a ciertos miembros del poder judicial quejarse de haber sido señalados por portavoces parlamentarios del Congreso y del Senado. Sorprende que personas a quienes suponemos tan doctas en términos jurídicos e informadas en el contexto social e histórico no acierten a diferenciar el señalamiento de la crítica.

Las y los magistrados, cuyas voces han sido multiplicadas con el altavoz entusiasta de muchos medios de comunicación, deben tener la memoria reciente muy difuminada. Parecen no recordar que en este país hace apenas un par de décadas te señalaban dibujando una diana en la puerta de tu casa, o con una pintada en la calle, o desde algún pasquín o una carta sin firma, pero con sello. Cuando esto sucedía, sabías sin ningún género de duda que una banda terrorista había puesto su ojo criminal en ti y te había sentenciado de muerte.

Quienes se quejan de ser señalados y sus voceros no recuerdan tampoco la memoria de nuestros padres y abuelos. La historia de este país que nos cuenta como la posguerra se trazó con el terror a los señalamientos, a las delaciones y a las denuncias. Cualquier miembro del régimen autoritario podría hacer recaer sobre los otros la represión, la pobreza, la cárcel y hasta la muerte. Igual sucedió en la Alemania nazi contra los judíos, y en tantos momentos históricos de crueldad, dictaduras y fascismo.

Lo que ocurre ahora, estemos de acuerdo con ella o no, es pura crítica. Se trata de la expresión libre y consciente de representantes de la soberanía nacional cuya obligación es, entre otras, la vigilancia y el contrapeso a los otros poderes del estado para mantener el justo equilibrio democrático. Conviene saber en estos tiempos de exaltación constitucionalista que absolutamente nadie ni nada está exento de principios básicos de control y de sujeción a los mandatos de la misma. Ningún sujeto político, ni siquiera un partido, por mayoritario que sea, puede permitirse no renovar el órgano administración de los jueces (art. 122CE). El Gobierno y sus miembros, los parlamentarios, los jueces, todos y todas gozan de independencia en el ejercicio de las funciones relativas a su cargo, pero en ningún caso de inmunidad ni mucho menos de impunidad.

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