En 2018 la prestigiosa publicación The Lancet dedicó su editorial a la crisis del sistema de salud venezolano, en dónde evidenció, entre otras cosas, el retorno de enfermedades controladas, así como la escasez de medicamentos y la ausencia de estadísticas oficiales.

Para 2018, cuando el precio del petróleo empezó a caer y el chavismo se dedicó a satanizar la empresa privada y espantar la inversión extranjera, la apuesta del régimen fue intervenir el mercado de la salud, optar por una política de fijación de precios de medicamentos, así como imponer un control de cambio.

Desde que Maduro asumió el poder, Venezuela ha tenido casi un ministro de salud por año, la mortalidad materna aumentó un 65% y la infantil un 30%, y enfermedades erradicadas como la malaria y difteria regresaron incluso en centros urbanos.

Si en Colombia queremos caer en el engaño de que el acceso a la salud puede ser garantizado por el Estado, miremos como una Venezuela boyante por el petróleo creó un déficit que redujo el gasto público en salud de 9,1% en 2010, a 5,8% en 2014. Los suministros y medicamentos desaparecieron de los puertos, o fueron embargados o comercializados en el mercado negro, consecuencia obvia de controlar su precio para detonar una escasez o incentivar un acaparamiento.

En 2018 (dos años antes de la pandemia) el 14% de las UCI tuvieron que ser cerradas y el 79% de los hospitales carecían de agua potable, solo el 7% de las salas de emergencia eran operativas permanentemente, el 88% no contaba con medicamentos esenciales, y el 79% carecía de insumos médicos.

Basta mirarse en el espejo del vecino para saber hacia dónde vamos, en un discurso anti empresa y cuando se dicen disparates como que la gente utiliza la insulina para bajar de peso, no es difícil vaticinar la crisis que se busca detonar para culpar a los privados y estatizar un servicio. La Corte Constitucional ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la salud. Este debe ser garantizado de forma digna a todos los seres humanos. No hacerlo conduce a que se presente un déficit de protección constitucionalmente inadmisible.

Bastaría con lo anterior para que el Gobierno y el Congreso entendieran de una vez que con la salud de los colombianos no se juega.

Por suerte aún ‘hay jueces en Berlín’, y el pasado 26 de febrero la Corte Constitucional, mediante Auto 2882 del 20 de noviembre de 2023, ordenó al Ministerio de Salud desembolsar a las EPS la totalidad de los recursos ($1 billón aproximadamente.) aprobados con el Acuerdo de Punto Final que no hayan sido cancelados a la fecha, lo que deberá cumplirse en el término de dos meses.

ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
Director General De La Espriella Lawyers.
andresbarretog@gmail.com