Resulta simbólico que el fallo unánime de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la ley 406 que permitía la concesión por 20 años prorrogables a la canadiense First Quantum Minerals se haya anunciado el mismo día que Panamá celebraba los 200 años de su independencia. Por ello al anunciar que dicha ley quedaba expulsada del sistema normativo, la presidenta de la Corte, María Eugenia López Arias declaró que “Esta es otra independencia”.

Dicha empresa, que explota desde 1997 la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica es considerada un enclave colonial. La minera declara generar 7.000 empleos y producir US$50 millones de ingresos semanales y aspira a recuperar el contrato por la vía del diálogo, pero ello no parece probable dada la crispación generada por el trámite oscuro de una ley que logró su aprobación en pocas horas, sin debate público, en sesiones nocturnas sin cumplir los requisitos de ley.

Tales reacciones obedecen a sus impactos ambientales pues está ubicada en un espacio protegido y su aprobación generó masivas y prolongadas protestas que paralizaron el país, dejando cuatro muertos y parálisis económica por los bloqueos de vías.

El contrato existente fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2017 por fallas en el debido proceso y esa decisión tardó cuatro años para ser publicada en la Gaceta Oficial. Con el nuevo contrato, el Gobierno obvió esta decisión y autorizó la explotación por 40 años más.

Ante la decisión de la Corte, las empresas First Quantum Panamá, Minera Panamá y Franco-Nevada Corporation comunicaron su intención de presentar demandas arbitrales contra la República de Panamá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, argumentado violación de los compromisos del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá.

Es conocido el claro sesgo del CIADI a favor de las empresas multinacionales de las cuales procede la mayoría de sus árbitros, y que ha llevado a Ecuador y Venezuela a retirarse de esa institución. En la mayoría de demandas de empresas transnacionales sometidas a su arbitramento, el CIADI ha fallado contra los estados.

El hecho de que se denuncie ante el CIADI un fallo del máximo tribunal de un país en desarrollo que derogó un contrato que incumplía las exigencias de ley, va a significar un buen termómetro del grado de respeto por los derechos de los países que pertenecen a organismos multilaterales o que firman acuerdo internacional de comercio o inversión.

La larga lucha del pueblo panameño para tomar el control del Canal dejó muchos estudiantes muertos por pretender izar la bandera en el emblemático cerro Ancón y sin duda ha inspirado estas protestas que además de motivaciones ambientales y legales, tenían un claro mensaje de afirmación de la soberanía.

¡Ha surgido, sin duda, una nueva cultura global de sostenibilidad ambiental y de respeto a la dignidad nacional!

Beethoven Herrera Valencia
Profesor Emérito de la Universidad Nacional, Universidad Javeriana y Prime Business School.