Los habitantes de Bogotá estamos empezando a experimentar efectos adversos del cambio climático; una realidad que anteriormente muchos negaban, pero cuyas consecuencias estamos percibiendo en ‘carne propia’. El racionamiento de agua se convirtió en una realidad, y quizá es una de las primeras manifestaciones concretas de un fenómeno ambiental que, quizá forzosamente, está cambiando la forma en que debemos ajustar nuestras prácticas cotidianas.

El hecho de privarnos del líquido vital nos está ayudando -esperemos- a replantear cómo invertimos el agua, un recurso que, por lo menos en Colombia, dábamos por sentado. Este es un cambio de consciencia frente a la gestión del agua, sin embargo, debe trascender del nivel personal o familiar. Aunque los esfuerzos de ahorro y uso eficiente del agua deben iniciar desde casa, lo cierto es que las iniciativas que se implementen a nivel industrial podrían generar mayores ganancias en términos de ahorro, en atención del consumo de agua que usualmente demandan procesos productivos.

Varias empresas, conscientes de dicha realidad, han implementado -o intentado implementar- esfuerzos en el marco de lo que la legislación ambiental denomina Programas de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, con el fin de materializar, entre otros, sus objetivos de sostenibilidad; sin embargo, la ejecución de dichas iniciativas -en algunas ocasiones- ha encontrado obstáculos en materia de aprobaciones gubernamentales.

Para nadie es un secreto que Colombia cuenta con un marco jurídico ambiental muy detallado, que, por demás, pretende abarcar todos los supuestos de hecho frente al manejo de los recursos naturales. Sin embargo, contemplar absolutamente todos los escenarios posibles de uso de un recurso natural deviene en imposible, y precisamente ello se convierte en un obstáculo legal que no permite viabilizar ciertas iniciativas innovadoras que pretenden hacer un uso más eficiente de los recursos.

Estas propuestas que, en últimas, se convierten en un gana-gana para las partes involucradas y, por supuesto, para la sociedad, no logran ser implementadas en razón de la interpretación literal -y a veces descontextualizada- de la normativa. Así, por ejemplo, las propuestas de reúso de agua que han planteado algunas compañías en el marco de sus procesos productivos han resultado jurídicamente inviables, debido a que ciertas autoridades han considerado que las mismas exceden el marco de lo que permite la ley.

Si bien es claro que las autoridades ambientales están constreñidas por el principio de legalidad, también lo es que el ordenamiento jurídico ambiental se encuentra fundamentado en unos principios de orden constitucional y legal (v.gr. eficiencia, desarrollo sostenible, etc.) que están llamados a permear las interpretaciones que operadores jurídicos hacen de las figuras o instituciones ambientales.

Esperemos que este racionamiento de agua contribuya a hacer un llamado a la coherencia ambiental de los ciudadanos, pero también de las entidades que evalúan las iniciativas de eficiencia hídrica promovidas por las empresas que tienen serios compromisos con la sostenibilidad de sus actividades.

ERIKA SERRANO
Socia de Posse Herrera Ruíz.