En su informe sobre Colombia en 2023 la ONU señala: “nos preocupa la expansión de los grupos armados no estatales y el control que ejercen en detrimento de los derechos de la población, en particular de los pueblos indígenas y afros. Alertamos sobre esta situación, porque si no es atendida debidamente, se presentarán riesgos para la gobernabilidad estatal en el mediano y largo plazo”

“Los grupos continúan desarrollando una violencia desmedida en los territorios con extorsiones, restricción de la movilidad, amenazas y homicidios de defensores, entre otros actos. Preocupa también el reclutamiento infantil, sobre el cual sabemos que hay un subregistro” … “Los grupos inciden violentamente para cooptar los movimientos sociales, suplantar las organizaciones con otras que siguen sus lineamentos y desarticular las de base”.

De la misma manera HRW en su informe anual dice: “La fuerza pública y las autoridades no han protegido de forma efectiva la población”.

Podemos preguntarnos si es a mediano plazo, o si ya estamos afrontando esa problemática sobre todo en algunas regiones, donde florecen los negocios ilegales, narcotráfico, minería ilegal, extorsión, sicariato, muerte de líderes sociales.

En el gobierno anterior Petro le achacó estas muertes al gobierno, ahora qué? Se suponía que, con la paz del 2016, llegaría la paz, así lo dijo el presidente que la negoció, pero no ocuparon los espacios dejados por los que se amnistiaron, que fueron llenados por los que no se acogieron y otros grupos criminales.

Ahora tenemos cese al fuego con el ELN y las disidencias; con el clan del golfo hubo cese al fuego que fue suspendido por la violación permanente; pero el Gobierno insiste en abrir negociaciones con ese grupo y todos los grupos ilegales y delincuenciales del país, e insiste en hablar de Paz Total y Potencia de la vida, eslóganes totalmente vacíos. “La paz total no ha reducido abusos de los grupos armados contra civiles”, señala el informe de HRW.

La situación es nacional, la delincuencia nos tiene intimidados a todos los ciudadanos, en residencias, restaurantes, comercios, en fin, cualquier sitio. Las autoridades limitadas, no pueden usar armas. En varias poblaciones (ya van 9), distintos grupos obligan a la población a perseguir y sacar al Ejército de sus territorios.

Por tanto, el Estado, ni el Gobierno, ni las Fuerzas Armadas tienen el control del territorio. Cada día son más los ciudadanos que se sienten sin protección ni presencia del Estado. Mientras tanto se refuerza las guardias indígenas que invaden fincas y asesinan trabajadores de estas y de los ingenios.

El Presidente tiene otro concepto de legalidad y poder del Estado. Sólo piensa en cambiar la institucionalidad jurídica, acabar con el manejo técnico y responsable del Estado y colocarlo en manos de irresponsables, impreparados e ideologizados y darles perdón a delincuentes como Mancuso, con claros objetivos de persecución política e instituir autoridades ideologizadas, pero sin formación.

María Sol Navia V .
Exministra.