Las cifras económicas son como las notas de los alumnos. Puede ser que el estudiante haya repasado sus apuntes y asistido a clase. Las buenas intenciones o la voluntad por aprender sólo pueden ser valoradas parcialmente por el examinador. En ocasiones la nota no refleja el esfuerzo, pero es objetiva. Lo que queda en el registro académico es la nota.

Las calificaciones del Gobierno en materia económica son preocupantes. El año 2023 cerró con un lánguido 0,6 por ciento de crecimiento. La contracción con respecto al 7,3 por ciento del 2022 es muy pronunciada. Sólo la actividad financiera, los seguros y la recreación se mantienen con buenas cifras. Las caídas en comercio (-2,8%), industria manufacturera (-3,5%) y construcción (-4,2%) son alarmantes. En lenguaje académico, evitamos por muy poco la recesión, pero pasamos raspando.

Sin duda nada es más grave que la caída de la inversión. La formación de capital se contrae un 24,8 por ciento. De todos los semáforos en rojo este traduce la morosidad del sector productivo frente al futuro económico. Los resultados reflejan el clima de los negocios muy afectado por la coyuntura, la incertidumbre, la polarización y la sucesión de escándalos casi cotidianos.

Las propuestas de reforma tienen en vilo a muchos sectores que esperan mayor claridad antes de tomar decisiones. No ayuda en absoluto las dudas sobre las intenciones reales del Gobierno que quedaron evidenciadas en el intento por cambiar los parámetros de la ejecución presupuestal.

El costo de estas discusiones públicas en términos de confianza es enorme como lo señalaron varias entidades nacionales e internacionales.

El Gobierno exige al Banco de la República acelerar la reducción de la tasa de interés. Pero la sorpresa reciente con el mal resultado de la inflación en los Estados Unidos (3,1%), generó olas sobre los mercados financieros. Es probable que la Reserva Federal sea más prudente en los recortes.

En Colombia es necesario esperar los efectos sobre los precios del duro verano antes de cantar victoria sobre la inflación que ha mostrado una singular resistencia.

Mejor haría el Ejecutivo revisando su floja capacidad de ejecución presupuestal. Los anuncios grandilocuentes sobre metas y objetivos no se traducen en acciones efectivas, en muchos casos por falta de experiencia e idoneidad de las personas que han sido designadas en puestos claves. La administración pública requiere conocimiento y capacidad profesional que no es el criterio prioritario en muchos nombramientos.

Como a los alumnos, al Gobierno no se le puede juzgar por sus intenciones sino por sus resultados.

***

Como anillo al dedo. Lo dijo del anterior director del DNP, Jorge Iván González, sobre el actuar del Gobierno: “en lugar de aceptar los hechos fácticos como una realidad sobre la que es necesario actuar, hay casos en los que el gobernante cae en la tentación de negarlos”.

MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ
Decano de Economía Universidad del Rosario
migomahu@gmail.com