La protección de la vejez en Colombia, por cierto muy precaria hoy en día, puede ser mejorada a través de dos principales acciones.

Una consiste en aumentar la cobertura activa del sistema pensional, es decir, en hacer que más personas en edad activa coticen al sistema y por más tiempo. En un futuro esto garantizará la obtención de una pensión y con ello agrandará la cobertura pasiva del sistema pensional.

La otra se basa en aumentar directamente la cobertura pasiva, es decir, el numero de pensionados. Es evidente que el aumento de la cobertura pasiva sin que previamente se haya dado un incremento de la cobertura activa, requiere que ‘alguien’ pague la pensión (o cuando menos una mesada vitalicia) del ampliado número de jubilados.

La reforma pensional que cursa en el Congreso pretende aumentar de forma importante la cobertura pasiva pero no cuenta con políticas efectivas para mejorar la afiliación y luego la cobertura activa. Es verdad que plantea la posibilidad de cotizar por semanas, pero este tipo de afiliación, pensada para trabajadores de bajos ingresos, ha resultado poco exitoso entre los asalariados -para los cuales ya es vigente- y es muy dudoso que tenga éxito entre los independientes que son los responsables del pago de la entera cotización.

Entonces, el ‘alguien’ que se hará cargo del mayor número de beneficiarios que propiciará la reforma pensional será el Estado, cuyo pasivo pensional aumentará notablemente.

¿Cómo enfrentar esta situación? La discusión se ha enfocado en reducir el número de salarios mínimos que debe establecerse como umbral para las cotizaciones al pilar que será administrado por Colpensiones: tres es ‘demasiado’, debería bajar a uno.

Si fuera uno, el pasivo sería menor, pero seguiría siendo muy alto, es decir, no se resolvería el problema fiscal; si fuera tres o cuatro, el pasivo sería mayor.

¿Y los afiliados? Nótese un hecho curioso: si el umbral se fija en un salario mínimo, para los afiliados, el nuevo sistema de pilares funcionaria como si fuera un sistema de ahorro individual. Bajo las actuales condiciones económicas, lo anterior implica que las pensiones -más altas de las mínimas- que se pagarán representarán a duras apenas 30% de los ingresos cotizados; y hasta mucho menos, 10%!, como ha mostrado el reciente estudio intersectorial de la Contraloría con base en la información proporcionada por una AFP.

Entonces, deberíamos evitar de caer a un umbral tan bajo adoptando medidas alternativas. Aquí menciono algunas: eliminar la prestación anticipada de vejez, establecer una transición a las 1.000 semanas (como en el proyecto del Gobierno) y con requisitos de edad, encontrar otras formas de cumplir con la sentencia C-197 de 2023 de la Corte Constitucional y no reducir las semanas cotizadas de las mujeres a 1.000 (¿posible que ni el Gobierno ni el Congreso fueron capaces de pensar en alternativas?), aumentar la edad de jubilación y las semanas mínimas a cotizar. Y hay otras.

STEFANO FARNÉ
Director Observatorio del Mercado Laboral,
Universidad Externado de Colombia.