A medida que avanza el gobierno actual y se acercan a las elecciones presidenciales de 2026, el clamor por una cruzada decidida contra la corrupción se intensifica. Este flagelo, que año tras año desvía billones de pesos del erario, ha situado al país en una posición alarmante: el puesto 87 de 180 países en el índice de corrupción. La situación demanda una acción inmediata, realista y sostenible.

El próximo presidente de Colombia enfrenta el desafío de implementar medidas concretas y efectivas contra la corrupción. No se trata solo de un compromiso ético sino de una necesidad económica y social urgente. El país requiere un plan ejecutable por decreto los primeros días, en espera de su consolidación mediante una legislación robusta en el Congreso. Este enfoque aseguraría que las medidas adoptadas trasciendan gobiernos futuros, evitando los manejos discrecionales del Presupuesto Nacional que hemos visto en los últimos días.

Una de las primeras acciones debe ser la restauración de la transparencia en las declaraciones de Renta de los funcionarios públicos, revirtiendo la tendencia actual gracias a un concepto de la función pública, de mantener dicha información en reserva. La experiencia entre 2018 y 2022 demostró la importancia de esta medida para fortalecer la confianza pública en la gestión gubernamental.

Colombia, además, enfrenta el desafío de más de 1.300 obras inconclusas según la Contraloría General, los llamados elefantes blancos, que representan un despilfarro aproximado de $20 billones. Es imperativo que toda contratación con recursos públicos, sin importar que sea de empresas industriales y comerciales se publique de manera transparente, incluyendo los detalles de los contratistas y subcontratistas. Esta medida es fundamental para evitar el desvío de fondos y asegurar que los proyectos cumplan con su propósito.

Otra propuesta, aunque compleja, es la reestructuración de la moneda colombiana, eliminando los tres ceros actuales. Aunque controvertida por sus posibles efectos inflacionarios, esta medida obligaría a la movilización de capitales ocultos, golpeando directamente las finanzas de narcotraficantes y corruptos.

No más convenios interadministrativos que se han convertido en una burla a la ley 80. Los convenios se deberían permitir si y solo si, la entidad que firma ejecuta de forma directa y sin subcontratar mínimo el 60%.

Es también crucial revisar los subsidios estatales incluidos los de servicios públicos, asegurando que los beneficiarios sean aquellos que verdaderamente los necesiten, y prohibir el pago en efectivo para transacciones de bienes mayores a 20 millones de pesos, favoreciendo las transacciones financieras registradas.

Estas medidas, aunque desafiantes, son pasos necesarios hacia una Colombia más transparente y justa.

La lucha contra la corrupción no solo es un imperativo moral sino una inversión en el futuro económico y social del país. El 2026 ofrece una oportunidad única para comprometerse de lleno en esta batalla crucial.

VÍCTOR MUÑOZ
Emprendedor, investigador, analista