Como algunos podrán intuir, esta columna es sobre legítima defensa. La escribo para que no se vuelva realidad aquella afirmación de Ambrose Bierce según la cual la diferencia entre las distintas clases de homicidio es exclusivamente para “uso de abogados”. No debería ser así. En un país como Colombia, el riesgo de ser asesinado mientras caminas por la calle es manifiesto y real; así, todos, de alguna manera u otra nos veremos avocados a elegir entre defendernos o morir.

Sea lo primero indicar que la legítima defensa no es equiparable a la justicia por propia mano. La diferencia entre la violencia que emplean los criminales y la que emplean las autoridades o los ciudadanos -en determinadas ocasiones- radica en la legitimidad. Esta última depende del derecho, que, como bien sabemos, es una construcción lingüística, es decir, una ficción que utilizamos para explicar y justificar nuestra organización social.

La legitimidad depende de si existe una norma o no que autoriza a algún sujeto a utilizar la fuerza. Así, en la justicia por propia mano el motivo de la conducta violenta es la venganza, no existe una autorización legal para actuar; por su parte, en la legítima defensa, la motivación es la salvaguarda de un derecho propio o ajeno. En esta, el ciudadano se encuentra autorizado expresamente por el derecho a llevar a cabo una conducta prohibida. Por ello, cuando la fuerza pública asesina a un criminal en combate hablamos de baja y no de homicidio; por eso decimos que hacemos el amor y no que accedimos carnal y voluntariamente a nuestra pareja.

Todo esto para insistir que, quien da de baja a un criminal por defenderse ante una agresión injusta no comete delito, pues sólo puede calificarse como tal la conducta típica, antijurídica y culpable. Y quien se defiende, legítimamente o por necesidad, no ejecuta un actuar antijurídico. La diferencia, nuevamente, no es sólo semántica sino filosófica.

Dicho lo anterior, es prudente y necesario reafirmar el derecho que tenemos todos los ciudadanos a defendernos. El Estado nos ha dado las garantías, a través del ordenamiento jurídico, para que tengamos la tranquilidad de defendernos ante la criminalidad desbordada. Confíemos en el derecho y en las autoridades y no olvidemos que “las armas os han dado la independencia, pero sólo las leyes os darán la libertad”.

Angelo Schiavenato Rivadeneira