En los discursos de los recién electos líderes regionales, ya sean gobernadores o alcaldes, resonó de manera unánime la solicitud de una mayor descentralización y una disminución de la dependencia del gobierno central en todos los aspectos. Este llamado conjunto fue expresado durante sus respectivas tomas de posesión, siendo la mayoría de ellos particularmente enfáticos en su preocupación por la situación de seguridad.
Un ejemplo claro de esta inquietud se evidenció en las palabras del gobernador de Antioquia, quien señaló en su ceremonia de investidura: “Al contemporizar con criminales, estamos retrocediendo en el tiempo. Concibo la paz como el imperio de la ley y la justicia en todo el país. Mis funciones constitucionales como Gobernador y mi compromiso serán ejercer como el primer Policía y Soldado de Antioquia, considerando la seguridad como condición indispensable para el desarrollo. Solo protegiendo la vida, honra y bienes de los antioqueños podremos avanzar con nuestro espíritu digno y emprendedor”.
El gobernador del Atlántico, quien ha sido un defensor de la autonomía regional durante muchos años, también destacó en su discurso de toma de posesión la importancia de abordar la inseguridad: “No más miedo frente a la actual inseguridad en todo el departamento del Atlántico. Debemos transformar el miedo en valentía. Nosotros representamos el Gobierno de la seguridad ciudadana. Si los ciudadanos se sienten protegidos, los empresarios apostarán al desarrollo. Declaro la guerra a la extorsión”.
De manera similar, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, subrayó la dependencia de la seguridad del Valle del Cauca con respecto a la región Suroccidental de Colombia. En su discurso de posesión, enfatizó: “La batalla contra la inseguridad debe ser librada por todos nosotros; para ganarla, debemos unir nuestras fuerzas institucionales”.
Si analizamos los discursos de toma de posesión de los 32 gobernadores de los departamentos de Colombia y de los más de 1000 alcaldes del país, es evidente que, sin excepción, expresan su preocupación por la falta de acción de las fuerzas militares y de policía. En tiempos y gobiernos anteriores, estas instituciones colaboraban estrechamente con las autoridades departamentales y municipales, respaldadas por el gobierno nacional.
Sin embargo, en la actualidad, la política de seguridad implementada por el gobierno del presidente Petro apunta a restar poder a las autoridades regionales en materia de seguridad, centralizando todas las decisiones a nivel nacional, enmarcadas dentro de la política de paz total. Esta estrategia contrasta directamente con las demandas de seguridad planteadas por los nuevos líderes regionales, quienes reconocen que la política de seguridad debe establecerse desde el gobierno nacional para alcanzar las condiciones necesarias para lograr la paz total.
Los nuevos mandatarios regionales son conscientes de que la implementación de la política de seguridad desde el ámbito nacional permitirá que los grupos al margen de la ley impongan sus condiciones mediante acuerdos de cese total de fuego firmados con el gobierno nacional, convirtiéndose así en los que imponen la autoridad en las regiones en lugar de la institucionalidad. Este enfoque revierte los resultados obtenidos durante muchos años de descentralización efectiva en materia de seguridad, donde el poder militar y policial estaba respaldado por consideraciones de diversidad cultural, eficiencia operativa y participación ciudadana.
En el proceso de descentralización de las fuerzas militares y de policía, suele haber una transferencia de autoridad y responsabilidad a niveles regionales o locales. Este cambio tiene como objetivo adaptar las estrategias de seguridad a las necesidades y realidades específicas de cada comunidad, fomentando así una mayor proximidad entre la policía, las fuerzas militares y la población a la que sirven.
Observemos que la actual administración ha implementado una política de recentralización en varias áreas, como se evidencia en las decisiones ya adoptadas, especialmente en lo que respecta al manejo de las fuerzas militares y de policía. El gobierno actual busca consolidar el poder en manos del presidente de la República, lo cual es coherente con la estrategia de los gobiernos de orientación izquierdista y progresista, quienes encuentran ventaja en mantener el control centralizado en lugar de delegarlo a las autoridades regionales.
Es previsible que esta recentralización genere numerosas complicaciones, ya que rápidamente surgirá un conflicto entre el gobierno central y los gobernadores y alcaldes, quienes en su mayoría tienen una ideología opuesta al actual gobierno. La concentración del control sobre las fuerzas policiales y militares será percibida como una intromisión en las decisiones locales, lo que posiblemente provoque resistencia por parte de las autoridades y la población local. Estas consecuencias podrían ser aprovechadas por grupos al margen de la ley, respaldados por las garantías del gobierno nacional, en busca de una supuesta “paz total”, generando graves repercusiones para las regiones.
El dilema que enfrentarán los gobernantes locales será considerable, ya que deberán decidir entre someterse a un gobierno centralista y estatista o, como probablemente suceda, oponerse dentro de los límites establecidos por la constitución y la ley. Es evidente que las políticas del gobierno de Petro representan una estrategia única de aplicación de la ley a nivel nacional, buscando obviar las diferencias regionales y limitar la capacidad de las regiones y localidades para abordar de manera independiente sus necesidades particulares.
La descentralización en temas de seguridad, que en el pasado otorgaba a los líderes regionales la capacidad, dentro de los límites constitucionales y legales, de dirigir la seguridad, ahora se considera obsoleta. Con la actual prioridad de alcanzar la Paz Total, esta antigua práctica se prevé como un asunto que generará serios problemas de gobernabilidad, yendo en detrimento tanto de los líderes regionales como de la mayoría de los ciudadanos colombianos.
Petro y la recentralización
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10.01.2024
En los discursos de los recién electos líderes regionales, ya sean gobernadores o alcaldes, resonó de manera unánime la solicitud de una mayor descentralización y una disminución de la dependencia del gobierno central en todos los aspectos. Este llamado conjunto fue expresado durante sus respectivas tomas de posesión, siendo la mayoría de ellos particularmente enfáticos en su preocupación por la situación de seguridad.
Un ejemplo claro de esta inquietud se evidenció en las palabras del gobernador de Antioquia, quien señaló en su ceremonia de investidura: “Al contemporizar con criminales, estamos retrocediendo en el tiempo. Concibo la paz como el imperio de la ley y la justicia en todo el país. Mis funciones constitucionales como Gobernador y mi compromiso serán ejercer como el primer Policía y Soldado de Antioquia, considerando la seguridad como condición indispensable para el desarrollo. Solo protegiendo la vida, honra y bienes de los antioqueños podremos avanzar con nuestro espíritu digno y emprendedor”.
El gobernador del Atlántico, quien ha sido un defensor de la autonomía regional durante muchos años, también destacó en su discurso de toma de posesión la importancia de abordar la inseguridad: “No más miedo frente a la actual inseguridad en todo el departamento del Atlántico. Debemos transformar el miedo en valentía. Nosotros representamos el Gobierno de la seguridad ciudadana. Si los ciudadanos se sienten protegidos, los empresarios apostarán al desarrollo. Declaro la guerra a la........
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