El presidente más impopular de la historia reciente de Colombia está lejos de ser un pato cojo, como les dicen en Estados Unidos a los mandatarios que se quedan sin espacio político para adelantar sus proyectos en el Legislativo y defenderlos en las Cortes. La semana pasada nos demostró que el jefe de Estado está golpeado frente a la opinión pública, pero que sigue siendo una piraña que aún muerde y duro.
A trancas y a mochas, Gustavo Petro ha venido sacando su reforma a la salud. En los últimos días, en medio de empellones, ausencias de quorum y hasta una muy importante carta que firmaron 20 exministros y exviceministros de la cartera que advierte sobre la inconveniencia del proyecto de ley, el aparato del Estado logró pasar la mayoría de los artículos. Incluso, lo hizo luego de que se conociera un concepto del Ministerio de Hacienda que establece que el nuevo esquema de salud que propone el Ejecutivo les cuesta mucho más a los colombianos que el actual. A los congresistas les vale madre que lo que aprueban termine acabando con la salud de los que votaron por ellos o que no se pueda pagar. Todo mal.
A la luz de lo ocurrido, la victoria del Gobierno y pataleo de los partidos políticos entonces parece un sainete donde los participantes son actores que se muestran como jugadores de un papel antagónico público pero que bajo sábanas y al final de la obra saben que pasarán la noche en la misma cama. Lo digo porque ante la opinión pública Gustavo Petro intercambia insultos y recriminaciones con Dilian Francisca Toro y el expresidente Andrés Pastrana, pero sus partidos, el de la U y el Conservador, terminaron garantizándole quorum en el Legislativo para votar la reforma. ¿Quién realmente manda en los partidos?
Eso por el lado del Legislativo. Pero por el lado de las Cortes, Petro también avanza. La semana pasada, la muy polémica ley de paz total sobrevivió a una demanda en la Corte Constitucional. Esta tuvo una única salvedad de voto del magistrado Jorge Enrique Ibáñez. El tribunal le dio luz verde a la iniciativa que le permite al Gobierno negociar con bandas criminales, disidencias y guerrillas, y estableció que en su mayoría está bajo los parámetros de la ley.
Aunque la Sala Plena señaló que el Gobierno no puede nombrar voceros de paz a personas privadas de la libertad ni negociar un sometimiento a la justicia sin consultar con las otras ramas del poder, su pronunciamiento resulta a lo menos blando frente a una iniciativa altamente criticada por ser presuntamente el resultado de un pacto con narcotraficantes y criminales para que apoyaran la elección del actual mandatario a cambio de beneficios judiciales.
Entonces, viene la pregunta. Si tanto la reforma a la salud como la llamada paz total, que debería llamarse caos total, secuestro total, traquetería total e impunidad total, logran avanzar, ¿qué pasó con el supuesto muro de contención institucional que iban a representar el Congreso y las Cortes?, ¿blandos o cómplices? Desesperanzador.
Que quede claro, entonces. Cada día que avanza, este Gobierno lo hace con el beneplácito de los congresistas y las Cortes. Ellos también son responsables de toda la situación que hoy por hoy vive y vivirá el país. Parece que no entienden que cada día que avanza esta administración con sus propuestas salidas de tono, infundadas, dogmáticas y sin financiación, será un día que tendremos que recuperar como nación. Cuatro años de retroceso significan por lo menos ocho para poder estar en la misma situación en la que empezamos este Gobierno, que no necesariamente era la mejor. La aplanadora Petro, con la coautoría de las otras ramas del poder, nos costará, por lo menos, una década en recuperar. Todos culpables.
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