El Gobierno piensa tramitar este año la reforma laboral, reforma que, teniendo algunos aspectos positivos, en términos generales no es conveniente. La reforma propuesta por el Gobierno recoge el 80% de las propuestas sindicales y solo el 6% de las propuestas de la Misión de Empleo. Es, en resumen, una reforma hecha por los sindicatos para su propio beneficio: los zorros van a hacer la reforma del gallinero. No puede uno olvidarse que la ministra es vocera, es de las entrañas de unos sindicatos que si bien representan una mayoría de los empleos en el sector público, son una inmensa minoría de aquellos en el sector privado, sector que en últimas es el generador de los nuevos empleos de calidad.
Como lo acepta el mismo Gobierno, el propósito de dicha reforma no es la creación de más empleos. Una reforma laboral integral necesariamente debería atacar dos frentes: el primero es aumentar el empleo formal; y el segundo es mejorar las condiciones de los empleos existentes sin que estas mejoras creen más desempleo o incentiven al empleo informal. Todo parece indicar que la reforma, al aumentar los costos de tener empleos formales, lo que va a hacer es multiplicar el fenómeno de la informalidad.
Es muy poco probable que en esta reforma se reduzca la informalidad, que hoy supera el 50% en las grandes ciudades y el 86% en las rurales. Fenalco ha asegurado que dado el incremento de costos laborales que esto implicaría, habría una reducción importante en los niveles de contratación. Este gremio estimó que solo en Bogotá se perderían alrededor de 200.000 empleos. La reforma se concentra, en mejorar las condiciones de un grupo minoritario de beneficiarios que son los actuales trabajadores dependientes.
En resumen, consideramos válidas las observaciones publicadas en “Razón Pública” por los investigadores Juliana Morad y Fabio Alejandro Gómez: “También puede decirse que se trata de una reforma limitada, ya que depende exclusivamente de la tradición jurídica de Colombia y no enfrenta nuevos desafíos como las últimas crisis económicas, las consecuencias del Covid-19, el impacto de las nuevas tecnologías, los recientes requerimientos de empleo y la competencia por mejores oportunidades de trabajo en otros países. Es entonces una reforma insuficiente, porque ignora otras formas de empleo, las nuevas modalidades del mercado laboral en Colombia y en el mundo. Una reforma significativa debería centrarse en regular todas las modalidades de empleo, así no correspondan al tradicional contrato de trabajo. Dicho enfoque permitiría la inclusión del sector informal y una mayor cobertura de seguridad social. Para lograr este objetivo haría falta una reforma integral, que además tenga en cuenta la salud y la pensión”.
El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo (hoy analista independiente con inocultables sesgos de progresismo izquierdoso, tipo Joe Stiglitz) en su última columna en El Tiempo (enero 14/24), se muestra preocupado ante las perspectivas del empleo: “En el terreno negativo puede decirse, sin embargo, que el crecimiento lento ya ha comenzado a afectar el empleo. Si se ajustan por factores estacionales, tanto el total de personas ocupadas como la tasa de desempleo llevan ya algunos meses con tendencias negativas. Por eso es posible que la tasa de desempleo vuelva a un nivel de dos dígitos este año”. Casi en nada estoy de acuerdo con Ocampo. Pero en el tema del empleo, sí.
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