11 Ene, 2024 | Allanando el camino para la continuación del fraude institucional que practican desde el 5 de enero de 2021, los ex integrantes de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, se reunieron “vía internet” el pasado 15 de diciembre de 2023 y aprobaron lo que ellos denominan, “Ley de Reforma del Estatuto que rige la Transición a la Democracia”, y prorrogaron por 12 meses más -hasta el 5 de enero de 2025- la existencia de una instancia que actúa como parte de un entramado dispuesto para “ponerle la mano” a los fondos y bienes de la república ubicados en el extranjero, en los países cuyos gobiernos vienen actuando desde hace unos cuantos años en contubernio con este sector de la política nacional, para dar al traste con el gobierno constitucional y las instituciones del estado venezolano.
Entre las atribuciones que se arrogan los ex legisladores destacan; la protección de los bienes de la República en el exterior a través del Consejo de Administración y Protección de Activos, la tramitación de la cooperación financiera internacional para costear la transición democrática, la designación de representantes internacionales en materia de defensa de derechos humanos, lucha contra la corrupción, migración, ante organismos multilaterales y de protección de activos en EEUU, Reino Unido y cualquier otro país del mundo donde sean requeridos.
Igualmente, permanecen vigentes dos instrumentos “ilegales” (me disculpan el oxímoron y todos los que vienen), como lo son el Consejo para la Administración del Programa de Gastos, Seguridad y Defensa de la Democracia y los miembros de la junta directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV), así como la junta de administración ad hoc de Pdvsa.
Así mismo, “aprobaron” la reforma parcial de la “Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vita”.
Como podemos observar, solo deliberan y ni siquiera de manera presencial, para abordar temas referidos al manejo y disposición de los fondos y bienes de la república, que se encuentran en otros países, cuyos gobiernos se complotaron junto con quienes tienen años atentando contra la paz de la nación, promoviendo sanciones económicas, financieras y comerciales, para “asfixiar” la vida de los venezolanos del común, que somos quienes pagamos los “platos rotos” de la mala praxis política de esta facción de la oposición venezolana.
Todo esto fundamentado en una “original” tesis de lucha política, según la cual la mayoría del pueblo venezolano de tanto padecer las penurias por ellos mismos provocadas, produciría una explosión social de tal magnitud, que haría necesaria la intervención de una fuerza militar multinacional de paz, para evitar una sangrienta guerra civil.
Operación política que fracasó en todas las modalidades practicada, la cual no vamos a comentar en estas notas y que, luego de un largo proceso de negociaciones, nos tiene a punto de realizar unas elecciones presidenciales este año y de todas las demás instancias de los poderes; legislativo y ejecutivo, a nivel municipal, regional y nacional, en el 2015, tal como lo establece la constitución de la RBV.
En la “exposición de motivos” que fundamenta este despropósito político, se establece que “la situación extraordinaria de crisis política e institucional en el país donde se mantiene la usurpación por parte del régimen de Nicolás Maduro, y no existen garantías democráticas (…) obliga a mantener la vigencia de la Asamblea Nacional (2015) como única institución electa democráticamente”.
Mis queridos amigos, se trata del cuarto año consecutivo de extensión de la vigencia del parlamento de 2015 “hasta tanto no haya elecciones libres en Venezuela” y el segundo año desde que la propia dirección política de este sector de la oposición liquidó “el gobierno interino que presidió Juan Guaidó desde 2019, cuando la AN de mayoría opositora declaró la vacante absoluta del cargo de presidente de la República al desconocer los comicios de 2018”.
Efectivamente, el pasado 5 de enero, en un supino ejercicio de política ficción, decidieron continuar con la farsa de la “ilegítima Asamblea Nacional”, e instalaron una directiva para el período 2024-2025, la cual quedó conformada por Dinorah Figuera en la presidencia; Marianela Fernández en la primera vicepresidencia y Auristela Vásquez en la segunda vicepresidencia. José Antonio Figueredo Márquez y Luis Alberto Bustos Sánchez, como secretario y subsecretario, respectivamente.
En la reseña publicada en la página web que mantienen en funcionamiento “en plena dictadura” justifican su extravagante manera de hacer política señalando que: “Partiendo de la situación extraordinaria de crisis política e institucional que vive el país generada por la usurpación del poder –por parte de Nicolás Maduro desde 2018–, y por la no existencia de garantías democráticas, la AN está obligada a mantener su vigencia como única institución electa democráticamente, hasta tanto se convoquen unas elecciones democráticas, libres y transparentes en Venezuela”.
Y rematan afirmando: “El año 2024 es clave para Venezuela. Esta es la oportunidad que tienen todos los venezolanos de concretar el cambio que requiere el país hacia la democracia a través de unas elecciones libres. De allí que este Parlamento, asume la obligación de consolidar la Unidad de todos los venezolanos, tanto de quienes se encuentran en el exterior como los que permanecen en el país, y apoyar el proceso de construcción de capacidades para vencer electoralmente a Nicolás Maduro en las venideras elecciones presidenciales”.
Como dice un buen amigo mío, “ni en Netflix se ve las cosas que suceden en nuestro país”. ¿Como es eso que quienes negocian en nombre de la oposición con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, los integrantes de ese sector que se autodenomina como Plataforma Unitaria, son dirigentes de los mismos partidos políticos que mantienen la “vigencia” de la AN 2015?
De verdad no entendiendo esta situación, más allá de la necesidad que tienen los “lideres” de la PU, de mantener el acceso a la “caja chica” de los dineros de Venezuela en el exterior, para que siga funcionando una dirección política absolutamente incompetente, que ni siquiera con el apoyo y el generoso financiamiento internacional a podido derrocar al gobierno nacional.
Creo que a los venezolanos merecemos conocer la opinión de la aspirante presidencial y máxima líder de la Plataforma Unitaria sobre el particular, a menos que ese aspecto pertenezca a la “reserva del sumario” de lo que ella recientemente calificó como las “complejas negociaciones” que mantiene con el gobierno nacional.
Como decimos los venezolanos luego de pasar por la larga “resaca” ocasionada por las fiestas de navidad, año nuevo y hasta la de los reyes magos ¡lo mismito del año pasado!
No nos estamos refiriendo a cualquier cosa, los venezolanos necesitamos claridad y transparencia en el arranque de un año en el cual comienza, con la participación del pueblo a través del ejercicio del derecho al voto, el proceso para la elección del presidente de la república, gobernadores, alcaldes, diputados a la Asamblea Nacional, legisladores regionales y concejales, el cual debe culminar en el 2025.
En definitiva ¿Quién le pone el cascabel al gato?
Lo mismito del año pasado ¿Quién le pone el cascabel al gato?
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12.01.2024
11 Ene, 2024 | Allanando el camino para la continuación del fraude institucional que practican desde el 5 de enero de 2021, los ex integrantes de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, se reunieron “vía internet” el pasado 15 de diciembre de 2023 y aprobaron lo que ellos denominan, “Ley de Reforma del Estatuto que rige la Transición a la Democracia”, y prorrogaron por 12 meses más -hasta el 5 de enero de 2025- la existencia de una instancia que actúa como parte de un entramado dispuesto para “ponerle la mano” a los fondos y bienes de la república ubicados en el extranjero, en los países cuyos gobiernos vienen actuando desde hace unos cuantos años en contubernio con este sector de la política nacional, para dar al traste con el gobierno constitucional y las instituciones del estado venezolano.
Entre las atribuciones que se arrogan los ex legisladores destacan; la protección de los bienes de la República en el exterior a través del Consejo de Administración y Protección de Activos, la tramitación de la cooperación financiera internacional para costear la transición democrática, la designación de representantes internacionales en materia de defensa de derechos humanos, lucha contra la corrupción, migración, ante organismos multilaterales y de protección de activos en EEUU, Reino Unido y cualquier otro país del mundo donde sean requeridos.
Igualmente, permanecen vigentes dos instrumentos “ilegales” (me disculpan el oxímoron y todos los que vienen), como lo son el Consejo para la Administración del Programa de Gastos, Seguridad y Defensa de la Democracia y los miembros de la junta directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV), así como la junta de administración ad hoc de Pdvsa.
Así mismo, “aprobaron” la reforma parcial de la “Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y........
© Sol de Margarita
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