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Lejos del mundanal ruido de la contienda, lejos aún de las pasiones y odios desatados en España como consecuencia de una ley orgánica de amnistía al independentismo extremo, usada como precondición para la investidura de Pedro Sánchez, el hecho concita enorme interés político y a la vez politológico y, si quien escribe estas líneas ya no estuviera alejado de la docencia, lo habría utilizado como tema de discusión en los seminarios sobre teoría política. Por cierto, no me habría detenido mucho tiempo en el punto que a muchos españoles parece, o ha llegado a ser, central: el de la constitucionalidad de la amnistía. Pero no porque carezca de interés, sino por la necesidad metodológica de separar el argumento jurídico del argumento político.

No obstante, es imposible pasar por alto que la sola sospecha de separación entre política y derecho delata una anomalía en cualquier país democrático. No sabría decir –debo aclarar– si es o no constitucional la ley de amnistía, pero me es posible percibir que cuando el tema de la constitucionalidad de un hecho es subido al tapete político, no significa necesariamente que estamos necesariamente ante una alteración a la legalidad, aunque sí, en cualquier caso, a la normatividad imperante. O como dijo un catedrático español en Derecho Internacional (Miguel Ángel Presno Linera, en El País) «la ley de amnistía no es anticonstitucional, es excepcional». Una excepcionalidad, agreguemos, que no confirma la regla, la transgrede.

Efectivamente, ni en España ni en ninguna parte es normal que una ley de amnistía aparezca enlazada como condición para investir a un mandatario. Pero así se han dado las cosas gracias a una jugada política –más de alguien pensará que es «maestra»-–de Pedro Sánchez. Esta anomalía es la razón que obliga al observador a fijar su atención, no tanto en la letra constitucional, sino en la intención de la jugada.

Dicho sin ningún sarcasmo: todos sabemos que Pedro Sánchez no tenía ni tiene ninguna simpatía por los nacionalismos, ni por el catalán ni por el vasco, pero todos también sabemos que quiere seguir en el poder cueste lo que cueste. Pues bien, gracias a ese saber, deducimos que la recurrencia a la ley de la amnistía no persigue más objetivo para Sánchez que continuar siendo presidente del gobierno de España. Y nada más.

A primera vista parecería que Sánchez es consecuente con el dictamen de Max Weber: «la política es lucha por el poder». Pero en esa definición de Weber se está hablando del poder político, no de cualquier poder, lo que supone la necesidad de mantenerse dentro del marco de lo político y, en un país democrático como España, dentro del marco de la legalidad y de la normatividad a la vez. En el sentido expuesto Sánchez estaría faltando no a la constitucionalidad sino a la normatividad que supone la dictación de una ley surgida de la necesidad política de un partido y de un gobierno que quiere continuar gobernando.

O lo que es lo mismo: el pecado de Sánchez no reside en la aplicación de la ley sino en el uso que a esa ley le será dado:........

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