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El pasado 5 de marzo y después de semanas de gran expectación, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) anunció que las elecciones presidenciales se celebrarán el 28 de julio. No podemos dejar de lado el simbolismo de las fechas y es que ese día es el natalicio de Hugo Chávez. De manera que parece que el régimen de Maduro, herido de muerte por su baja popularidad (entre 15% y 20% de acuerdo con las encuestas más favorables), acude a la épica del expresidente para intentar remontar la cuesta.
En las circunstancias actuales, con los partidos opositores (incluso el Partido Comunista) intervenidos judicialmente, la candidata más popular de la oposición (con gran diferencia) ilegalmente inhabilitada, el Consejo Nacional Electoral bajo la subordinación del PSUV, sin tiempo para una campaña de inscripción y actualización del registro electoral en buenas condiciones –ni para realizar las auditorías al sistema automatizado– y sin observación electoral internacional profesional y apartidaria garantizada, las elecciones serían un simulacro para que la élite gobernante retenga el poder por un sexenio más.
Así fue en 2018, cuando se dejó fuera de la competencia a la oposición genuina y se permitieron candidaturas débiles y afines para intentar legitimar los resultados. Recordemos que esta estrategia de poco le sirvió al gobierno porque gran parte de la comunidad internacional desconoció el proceso y fue lo que justificó las sanciones impuestas por los Estados Unidos.
La oposición debe evaluar una gran variedad de escenarios y los integrantes de la Plataforma Unitaria decidirán si inscribir la candidatura de María Corina Machado o llegar a un consenso para una o varias candidaturas de back up que la puedan representar.
De cualquier manera, este es un escollo que el liderazgo opositor deberá resolver y para lo que tiene pocos días ya que el 25 de marzo es la fecha límite para la inscripción de las candidaturas.
Ahora bien, ¿qué pueden hacer la sociedad civil y la comunidad internacional? Además de exigir condiciones de competitividad, la eliminación de las inhabilitaciones ilegales y otras arbitrariedades, el foco debe estar en la campaña de inscripción y actualización del registro electoral. Independientemente de lo que la oposición resuelva, se debe garantizar el derecho al voto de los millones de venezolanos, dentro y fuera del país, que actualmente no están habilitados.
Esto no es un capricho. Distintos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Carta Democrática Interamericana, garantizan el derecho de las personas a participar en los asuntos políticos de sus países a través del sufragio: el derecho a elegir y a ser electos.
Por su parte, el artículo 64 de la Constitución establece que «son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política».
Aunque la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) contraviene el texto constitucional al establecer que «solo podrán sufragar en el exterior los electores y las electoras que posean residencia o cualquier otro régimen en que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela», restringiendo así el derecho al voto de todas aquellas personas que se encuentran de manera irregular fuera del país, lo cierto es que ni siquiera aquellos que cuentan con residencia legal han podido inscribirse o actualizar sus datos en el registro electoral.
Actualmente más de 10 millones de venezolanos con edad para votar deben inscribirse o actualizar sus datos en el registro electoral: 4 millones con edades comprendidas entre 18 y 35 años no están inscritos en el registro electoral, otros 4 millones mayores de edad residentes en el exterior están inscritos para votar en Venezuela y no han podido actualizar su lugar de residencia y votación. Finalmente, un millón y medio de residentes en Venezuela necesitan actualizar sus datos de domicilio y centro de votación.
Quizá para un padrón electoral como el de México, Brasil o Estados Unidos, con cientos de millones de electores, este número no haga la diferencia. Pero de acuerdo con el último corte del padrón electoral venezolano hay 21 millones de electores, de manera que los 10 millones de venezolanos privados de su derecho político serían más que determinantes en los comicios de este año.
En su anuncio del 5 de marzo el CNE informó de que la campaña de inscripción y actualización del registro electoral se celebrará entre el 18 de marzo y el 16 de abril. ¿Es suficiente un mes para inscribir y actualizar el registro de más de 10 millones de personas? Imaginemos ciudades como Bogotá, Lima, Quito o Santiago de Chile, con millones o cientos de miles de venezolanos.
*Lea también: CNE da largas a publicación del cronograma electoral en Gaceta y transgrede la ley
Queda claro que la voluntad del régimen, a través del CNE como brazo ejecutor, es privar a esos 10 millones de venezolanos de votar.
Quizá la comunidad internacional y la sociedad civil organizada no decida quién será el o la candidata de la oposición, pero debe exigir que se respeten los derechos políticos de los venezolanos, tanto a votar como a ser votados.
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Más de 10 millones de venezolanos están privados de su derecho al voto, por Jesús Delgado
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16.03.2024
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El pasado 5 de marzo y después de semanas de gran expectación, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) anunció que las elecciones presidenciales se celebrarán el 28 de julio. No podemos dejar de lado el simbolismo de las fechas y es que ese día es el natalicio de Hugo Chávez. De manera que parece que el régimen de Maduro, herido de muerte por su baja popularidad (entre 15% y 20% de acuerdo con las encuestas más favorables), acude a la épica del expresidente para intentar remontar la cuesta.
En las circunstancias actuales, con los partidos opositores (incluso el Partido Comunista) intervenidos judicialmente, la candidata más popular de la oposición (con gran diferencia) ilegalmente inhabilitada, el Consejo Nacional Electoral bajo la subordinación del PSUV, sin tiempo para una campaña de inscripción y actualización del registro electoral en buenas condiciones –ni para realizar las auditorías al sistema automatizado– y sin observación electoral internacional profesional y apartidaria garantizada, las elecciones serían un simulacro para que la élite gobernante retenga el poder por un sexenio más.
Así fue en 2018, cuando se dejó fuera de la competencia a la oposición genuina y se permitieron candidaturas débiles y afines para intentar legitimar los resultados. Recordemos que esta estrategia de poco le sirvió al gobierno porque gran parte de la........
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