La Sala Plena de la Corte Suprema tiene hoy la responsabilidad de nombrar al nuevo fiscal general de la Nación y afianzar su credibilidad institucional como factor de estabilidad para el país, ante el riesgo inminente que la nefasta Fiscalía de Barbosa se prolongue en cuerpo ajeno.

Si bien se puede afirmar que el artículo 249 de la Constitución de 1991 no impone un término para que los magistrados elijan a quien encabezará el máximo ente investigativo del país, esto no puede entenderse como una autorización para postergar indefinidamente el cumplimiento de su deber. Sobre todo, tomando en cuenta que hace cuatro meses les fue comunicada la terna y que a estas alturas los magistrados han tenido oportunidad suficiente para forjarse un juicio sobre la trayectoria profesional, experiencia investigativa y compromiso con la justicia de las tres candidatas. No sobra recordar que en 2020 la Corte eligió a Barbosa en menos de dos meses.

De ninguna manera es un irrespeto o una indebida intromisión a la independencia judicial, el llamado desde distintos sectores de la sociedad para que la Corte elija por fin un fiscal, en un momento político especialmente delicado, al punto que el presidente de la Republica habla de “una ruptura institucional”. Tras estos cuatro años de desprestigio y partidización en la Fiscalía, el país requiere con urgencia que esta institución cierre este triste capitulo para que pueda ser la columna vertebral de la lucha contra la impunidad, la corrupción, la inseguridad ciudadana y el combate al narcotráfico.

Los verdaderos juristas no solo conocen y aplican la ley pues, ante todo, orientan el ejercicio del derecho a la transformación de la vida social en el marco de la justicia. Por eso desde esta columna me sumo a las voces que piden a los 23 servidores públicos que hoy ocupan la Sala Plena de la Corte, la responsabilidad y el sentido republicano que el país espera de sus más notables juristas.

Colombia no merece la derrota moral de tener a alguien tan cuestionado como la señora Marcera a la cabeza de la Fiscalía.

El palo no está para cucharas honorables magistrados.