¿Debería sorprendernos la actitud del Gobierno Nacional de estatizar el Sistema Nacional de Salud? No, así lo propuso en campaña y así lo ejecuta, tal como lo había anunciado en medios: “las EPS caerán como fichas de ajedrez, una encima de otra”, luego el hundimiento en el Congreso del proyecto de reforma a la salud, resulta ser un simple pretexto.

Su arma letal de intervención fue no incrementar la Unidad de Pago por Capitación (que el Ministro Jaramillo, ante la Corte Constitucional, reconoció debía incrementarse), lo que generó una desfinanciación del sistema, mala calidad del servicio y la incertidumbre que padece el país, al punto que la EPS Compensar ya solicitó a la Superintendencia liquidar la obligación de ser promotora de salud, camino que pueden tomar las otras que aún no han sido intervenidas y seguir las IPS que dejarían de prestar el servicio por el temor a perder sus recursos ante la inminente liquidación de las EPS, como ya ocurrió en el pasado y que el Estado tendrá que responder.

Por tanto, el problema por resolver no es si se suprimen o no las EPS, es quién va a prestar el servicio de seguridad social en salud. La experiencia de lo público (ISS) fracasó y reemplazarlo con los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) es incierto por la mora en su operatividad y la notoria incapacidad de ejecución del Estado, lo que podría causar un sin número de muertes, incluso, por falta de medicamentos. Con el Privado y mixto se llegó a una cobertura del 99,4%.

Luego, lo que hay que hacer es expedir una regulación seria del sistema, exigiendo mayores requisitos a quienes se quieran constituir como EPS, con supresión total de integración vertical; imponiéndoles calidad del servicio y recorte en los tiempos de espera; incorporación de más médicos especialistas, que implica el incremento de especializaciones en las Universidades y pagar bien los servicios sobre todo a quienes cubran las poblaciones alejadas y el sector rural, dada la amplitud del Plan de Servicios de Salud (PBS) sin límites a todos los colombianos.

Todo ello conduce a la necesidad de calcular una UPC de manera racional y de acuerdo con las características demográficas y epidemiológicas de la población colombiana, construida con enfoque territorial, teniendo en cuenta los medios tecnológicos para la detención preventiva de enfermedades, si queremos suprimir las barreras de acceso a los servicios de salud.