Avanza en la plenaria del Senado, en segundo debate, la discusión del proyecto de reforma pensional que busca acabar la competencia entre el Régimen de Prima Media (RPM) administrada por Colpensiones, muy generoso en subsidio a las altas pensiones, y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), cuyos afiliados apenas logran una pensión de un salario mínimo, y volverlos complementarios.

El cambio busca unificarlos en un solo sistema de seguridad social, organizado en cuatro pilares: solidaridad, semicontributivo, contributivo y el de ahorro individual, que busca terminar con los subsidios a las altas pensiones, dar protección integral a la vejez, generar una mayor cobertura por la alta informalidad y acabar el diseño del actual en el que solo 1 de cada 5 personas tiene acceso a una pensión.

El punto más álgido de la discusión se centró en el reparto de la administración de los recursos de las cotizaciones, denominado “umbral”, que quedó establecido en 2,3 salarios mínimos (hoy 3.000.000), de tal manera que aquellos que devenguen ingresos hasta esa suma quedarían adscritos a Colpensiones, y los que la superen, el excedente pasará a un fondo de pensiones.

El sistema de pilares va a regir a partir de la sanción de la ley, pero por efecto de los derechos de transición de la misma, las mujeres que hubieran cumplido las 750 semanas cotizadas y 1.000 los hombres, podrán seguir con el sistema anterior. Las personas que a esa fecha ya estén pensionados se les respetará el derecho adquirido y, por lo tanto, no los afectan los cambios.

Para superar el temor del manejo de los recursos de Colpensiones y evitar que el Gobierno los convierta en dineros de gasto público (con fines politiqueros), se acordó que los administrara el Banco de la República por su independencia del gobierno, por medio de una fiducia (que puede resultar inconstitucional porque excede sus funcione), teniendo en cuenta que ellos son un derecho exclusivo del cotizante. Si el Banco no puede, debe crearse un mecanismo en donde el gobierno no pueda imponer su mayoría.

Un desacierto, que desmiente que se va a crear un sistema único, es que ella no contempla los regímenes especiales (militar, de policía, del magisterio y empleados públicos), sin que exista justificación alguna para su exclusión.

Y si bien, se busca mejorar el sistema, este propósito no puede caer en el prurito de darle connotaciones electorales (elecciones de 2026), al estilo de Petro, que con subsidios vitalicios pretende extender el mandato de la izquierda (In péctore) o en el Pacto Histórico.

Esperamos que luego la Cámara, más adepta a Petro, no modifique los acuerdos y corrija los errores advertidos.