Parece que al Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo no le han servido de escarmiento las condenas que La Corte Suprema de Justicia emitió en contra de los ministros Sabas Pretel y Diego Palacio, como al secretario Alberto Velásquez, por ofrecer puestos a los representantes Teodolindo Avendaño y Yidis Medina (también condenados) para que respaldaran la iniciativa del gobierno (reelección de Uribe), pues abiertamente y de manera descarada, en la plenaria de la Cámara, en el debate de la reforma a la salud, afirmara que el gobierno había dado representación importante en Bogotá a través del SENA y a través del ICETEX al partido Alianza Verde para que, sus parlamentarios, apoyaran al gobierno; amenaza que surtió efecto en ellos y en otros representantes, por la aprobación en segundo debate.

Esa afirmación, en criterio de expertos penalistas, constituye un supuesto de hecho que, en caso de comprobarse, necesariamente traerá consecuencias jurídicas para el ministro y los funcionarios que hayan participado en la comisión del delito de cohecho, que comete el funcionario público que, con dinero, dádivas, promesas regalos o favores otorgados a un servidor público haga que éste realice (votar) u omita (abstenerse de votar) actos en cumplimiento del ejercicio de sus funciones.

Se debe respetar, por encima de todo, el fuero de los jueces, pero se podría pensar que hay cierto temor en ellos en asumir la responsabilidad de investigar este tipo de conductas, no se sabe si por miedo al recorte presupuestal del que hizo alusión el presidente, al ataque de las bodegas petristas o al escarnio de algunos periodistas plegados al régimen, pero lo cierto es que no están actuando con la misma saña como lo hicieron en el caso de la “Yidis política”, como tampoco se ve acción de la derecha en denunciar, como si lo hizo la izquierda en su momento pero que hoy guardan silencio sospechoso ante tal proceder.

Ese tipo de conductas genera un mal precedente para las distintas Corporaciones Públicas de Elección Popular, para los funcionarios públicos y para la sociedad en general, especialmente para la juventud que pueden deducir de ellas una actuación normal e idónea para conseguir resultados a como de lugar. Nadie esta por fuera de la ley sea quien sea, de gobierno o de oposición, pero el principio de legalidad debe imperar por encima de todo.

Con lo que hasta ahora han hecho las Altas Cortes, confiamos en ellas.